domingo, 31 de agosto de 2014

JUICIO A KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS



ALOKABIDE Y GOBIERNO VASCO, EN LUGAR DE DIALOGAR Y RESPETAR LOS ACUERDOS DEL PARLAMENTO VASCO, HAN DENUNCIADO EN EL JUZGADO A TRES MIEMBROS DE KALERATZEAK STOP PORQUE DICEN QUE LES COACCIONAMOS EL 12 DE JUNIO, CUANDO ENTREGAMOS CIENTOS DE FIRMAS EXIGIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LOS GASTOS DE COMUNIDAD. 

CONCENTRACIóN

LUNES, 1 DE SEPTIEMBRE

11 HORAS

JUZGADOS

                                   (AVENIDA GASTEIZ 18)
LIBERTAD DE EXPRESION 

                                  NO A LOS DESAHUCIOS

NO A LA LEY MORDAZA

                              ALQUILER SOCIAL JUSTO                      







 

viernes, 8 de agosto de 2014

Aclaración sobre determinadas noticias en los medios. LA PAH es APARTIDISTA.

 

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca queremos aclarar que esta reunión se produjo sin que la PAH fuese invitada. A esa reunión acudieron algunos activista que participan en la PAH y que en ningún caso fueron en representación de la misma.

Por esta razón, desde la PAH preferiríamos que para reuniones de estas características y que más tarde tendrán un caracter público y proyección mediática, se respeten los canales que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene habilitados para formar parte de campañas y movilizaciones de todo tipo.

Además solicitamos a los y las activistas  de la PAH que se cuiden de este tipo de reuniones a las que en muchas ocasiones somos invitadas a título individual y que más tarde se convierten, por arte de distintos partidos políticos y medios de comunicación,  en una aparición pública que ofrece el espejismo de que la PAH apoya tal o cual campaña sin que se haya decidido democráticamente dentro de nuestros canales habituales.

Sin duda son activistas individuales quienes son citados en el comunicado de IU al que hacemos referencia, pero a nadie se le escapa que la redacción es confusa y tendente a confundir activistas con el conjunto de la organización.

Es de buena lógica y sensatez que si Izquierda Unida, quiere convocar un gran calendario de movilizaciones para otoño de la mano de su Secretaría de Convergencia, no lo haga sólo con activistas individuales, sobre todo si estos activistas son también de Izquierda Unida, sino queconvoque a organizaciones en su conjunto.

De esta manera la redacción de este tipo de comunicados debe conservar un mínimo de ética. O se define que de lo que estamos hablando es que Izquierda Unida se ha reunido con ella misma para cerrar un calendario de movilizaciones, así debería expresarse en términos claros. Si lo que se pretende es dar apariencia de que Izquierda Unida se reune con movimientos sociales en toda su complejidad y diversidad deberían convocar pública y abiertamente a esos movimientos a través de los canales habilitados para ello por las distintas organizaciones sociales.

Por último queremos remarcar que son ya demasiadas las confusiones de este tipo que se han producido en los últimos años. Y la experiencia nos enseña que estos modelos de funcionamiento no hacen sino restarnos fuerzas y, en el caso de los partidos políticos votos.

Los procedimientos con la PAH son muy sencillos, similares a los de cualquier otro movimiento social. Si cualquier partido u organización quieren que la PAH esté presente en una campaña o movilización se puede cursar una invitación que será discutida y trabajada en nuestra organización,pues nuestro objetivo siempre ha sido el de sumar fuerzas.

Para ganar no existe otro camino.

Sí se puede!
Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

domingo, 3 de agosto de 2014

Nueva sentencia del TJUE: La PAH exige la aplicación inmediata de las medidas de la ILP.

El pasado viernes, el TJUE dictó una nueva sentencia que vuelve a poner en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y deja al deudor hipotecario en una situación de desigualdad e indefensión. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta sentencia coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978 : “Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión“.
Por tanto, y como advertía la PAH, la ley del PP es ilegal y vulnera los derechos humanos. Una nueva victoria de la ciudadanía organizada que vuelve a dejar al gobierno del PP y a la banca criminal en evidencia.
Todos estos pasos no se hubiesen producido sin el trabajo continuado y solidario de miles de personas que se han dejado la piel desinteresadamente, sin las campañas de desobediencia civil que han permitido la autotutela de nuestros derechos en momentos límite y sin el apoyo incontestable del conjunto de la población que ha recogido la PAH durante los últimos años. Sin la fuerte movilización social organizada en torno a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias tampoco hubiese sido posible que los estamentos judiciales se posicionasen a favor de los DDHH.
Hace ya más de un año que la PAH presentó una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por casi un millón y medio de firmas. Quienes realmente quieran terminar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda sólo deben escuchar las demandas de la ciudadanía que durante los últimos años no sólo ha hecho propuestas legislativas, sino que las ha defendido día a día jugándose incluso su integridad física, parando desahucios, arrancando daciones y alquileres sociales a los bancos y denunciando a los responsables del sufrimiento de miles de familias a través de la campaña de escraches. Mientras tanto la única respuesta del gobierno ha sido menospreciar el clamor de la calle, culpabilizar a las víctimas de esta estafa, multar a los que se manifestaban pacíficamente denunciando a los culpables y agredir a las personas que se concentraban en las puertas de las casas para impedir unos desahucios que, además de ilegítimos, son ilegales. Como hemos repetido desde hace 5 años, cuando se producen violaciones de DDHH, desobedecer las leyes injustas y señalar a los responsables políticos que las redactan y aplican se convierte en un deber de toda la ciudadanía.
Tras este nuevo varapalo judicial, al gobierno del Partido Popular no le queda otra opción que aprobar las medidas que la PAH viene demandando a través de la ILP: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos. Se trata de algo muy sencillo, dar una solución rápida, efectiva y posible a la situación de emergencia habitacional que vive nuestra sociedad.
No es el momento de volver a andar un camino ya recorrido. Es el momento de hacer cumplir por parte de los representantes políticos un mandato claro y conciso. La Plataforma de Afectados por la hipoteca exige, a todos y a cada uno de los partidos que se sientan defensores de los DDHH y de la democracia, que legislen por la via de urgencia la ILP de la PAH y se garantice, de una vez por todas, el derecho a una vivienda en nuestro país. Se trata de unas medidas de mínimos, de sentido común y que están avaladas por una aplastante mayoría social.
Por último, y en aplicación de la sentencia del TJUE, exigimos que se paralicen todos los procesos de ejecución hipotecaria en curso hasta que se modifiquen las leyes vigentes para adaptarlas a una normativa acorde con los derechos humanos.
La ciudadanía manda y los gobiernos tienen que obedecer
Nos va la vida en ello

Sentencia del TJUE quiebra la ley del PP sobre desahucios.

La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.
El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.
Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.
La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.  
La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.    
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.
La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.
De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.
Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.
Sí se Puede
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Los nuevos datos del INE vuelven a mostrar el fracaso de ley criminal del PP y la vulneración del derecho a la vivienda.

Comunicado sobre la reforma del IRPF derivado de la dación en pago

Una de las expresiones más duras de la connivencia del gobierno español con la emergencia habitacional y la pérdida de la vienda habitual son las consecuencias fiscales de los desahucios y las daciones en pago.
Hasta el momento, en la mayoría de casos, ambos hechos podían dar lugar a la obligación de pagar cantidades substanciosas en concepto de IRPF y Plusvalía. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos denunciado esta injusticia tributaria en numerosas ocasiones y nos hemos dirigido al ejecutivo para que adoptase las modificaciones legislativas necesarias para acabar con esta situación. 
Finalmente el gobierno ha decidido acabar con esta situación a través de la reforma fiscal que estudió el consejo de ministros el pasado viernes. Parece que la incansable presión de la ciudadanía organizada y, quizás, unas cercanas elecciones generales, han dados sus frutos y el gobierno se ha visto forzado a rectificar su posición, demostrando una vez más que “sí se puede”. 
A pesar del gran avance que esto supone no podemos dejar de advertir de la necesidad que esta reforma presente algún mecanismo de retroactividad que permita, como mínimo a las personas que han sufrido una dación en pago o un desahucio en el 2014 acogerse a ella. Pues no hay que olvidar que la medida llega después de más de 500.000 ejecuciones hipotecarias en todo el estado. Una vergonzosa tendencia que se mantiene en este 2014: los datos del Consejo General del Poder Judicial cifraban en 24.226 las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de este año y en 18.492 los desahucios.