La ley que hoy pretende aprobar el Senado es una bolsa de aire fresco para las entidades financieras y retrasa la inevitable reforma hipotecaria
Hoy miércoles 8 se aprueba en el pleno del Senado la ley para la protección de deudores hipotecarios [sic.] planteada por el Partido Popular. Una ley hecha para proteger y defender los intereses de la banca, enfrentados, en este caso a los derechos fundamentales de las personas.
El Partido Popular ha desahuciado las propuestas contenidas en la ILP por la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Con ello ha mostrado un peligroso desprecio por la democracia y los derechos humanos. La decisión del Partido Popular muestra una falta de voluntad de que el país salga de la crisis, en España hay cientos de miles de personas afectadas por el fraude hipotecario para las cuales las propuestas del PP no suponen solución alguna. El país no saldrá de la crisis, si sus ciudadanos no salen de la crisis; y la actual ley de deudores hipotecarios continua condenando a la muerte civil a las personas afectadas.
Con la decisión de aprobar esta reforma hipotecaria, el gobierno del Partido Popular obliga a la ciudadanía, a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, tal y como lo hizo con el gobierno anterior del PSOE, a continuar e intensificar la autotutela de derechos. Unos derechos que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha sentenciado que están siendo vulnerados, sentencia tras la cual numerosos jueces han encontrado la vía para poder garantizar los derechos que no serán protegidos con las propuestas del PP.
La decisión del Partido Popular de despreciar el millón y medio de firmas, de despreciar las demandas que los que conocemos de cerca el problema sabemos que son necesarias, que cuentan con el apoyo del 80% de la población son la gota que colma el vaso. Con esta decisión el gobierno del Partido Popular no solo da la espalda a las personas afectadas, sino que demuestra que vivimos en una democracia secuestrada por los intereses de la banca, a los cuales se ha mostrado completamente sumiso.
Las demandas de la ILP son demandas de mínimos, e incluyen el alquiler social: que las personas desahuciadas fueran alojadas en sus viviendas (siendo éstas ya propiedad del banco) en régimen de alquiler social. España es el país que más desahucia de Europa y que cuenta con más vivienda vacía, de la cual se calcula que más de un millón está en manos de la banca. Esta medida ha sido rechazada, sin embargo, hace más de un año que la PAH inició su campaña Obra Social la PAH. La Obra Social la PAH consiste en recuperar viviendas vacías en manos de los bancos para alojar a familias desahuciadas judicialmente o de facto tras firmar la dación en pago, cuando se han agotado posibles para que sean alojadas en pisos sociales.
La última recuperación de la campaña Obra Social la PAH fue llevada a cabo por la PAH de Sabadell el pasado sábado 13 de abril. El Bloc de Gràcia llevaba cuatro años vacío. Hasta el pasado febrero el propietario era el Banco Mare Nostrum y desde entonces es del SAREB, entidad participada en un 45% por fondos públicos. Era el octavo recuperado por la PAH.El SAREB ha interpuesto una denuncia por la ocupación del bloque y solicitan el desalojo inmediato.
El SAREB (banco malo) no es un banco. Es una entidad participada en un 45% por fondos públicos creada para dar liquidez -nuevamente- a entidades que ya habían tenido inyecciones públicas de millones de euros. Desde el pasado mes de noviembre se ha quedado con aquellas viviendas que los bancos intervenidos o nacionalizados no han podido ni prevén poder vender. Por lo tanto, se realiza una nueva inyección pública a las entidades bancarias.
En sólo diez días se ha instalado en el bloque nueve familias prácticamente sin ingresos, las cuales habrían acabado en la calle en menos de un mes. Todas ellas han pasado por el circuito de servicios sociales sin que estos pudieran darles una solución.
Los servicios jurídicos del SAREB esgrimen un sinfín de argumentos legales para pedir al juez un desalojo cautelar, mientras desde la entidad afirman que su intención es dialogar. Las familias alojadas son familias que han sido bien desahuciadas o bien han firmado la dación en pago. Porque la firma de la dación en pago supone cancelar la deuda con la entrega de la vivienda, pero muchas familias entregan con las llaves su única opción habitacional.
Resulta inadmisible que una entidad creada para injectar dinero público a las entidades financieras pretenda desahuciar a familias que se han visto en una situación extrema por culpa de la estafa bancaria. Es urgente que las viviendas en manos de la banca y el SAREB se pongan a disposición de las personas afectadas por la vivienda en régimen de alquiler social. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular se niega a adoptar las medidas pertinentes para responder a la urgencia habitacional que se vive en España. Por eso, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca continuaremos defendiendo las medidas de la ILP en la calle, donde nacieron.
No permitiremos que el SAREB desaloje el bloque recuperado por la PAH Sabadell, porque no todo lo que es legal es legítimo.
Las medidas de la ILP hoy están más vivas que nunca y las continuaremos defendiendo en la calle.
El Partido Popular ha desahuciado las propuestas contenidas en la ILP por la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Con ello ha mostrado un peligroso desprecio por la democracia y los derechos humanos. La decisión del Partido Popular muestra una falta de voluntad de que el país salga de la crisis, en España hay cientos de miles de personas afectadas por el fraude hipotecario para las cuales las propuestas del PP no suponen solución alguna. El país no saldrá de la crisis, si sus ciudadanos no salen de la crisis; y la actual ley de deudores hipotecarios continua condenando a la muerte civil a las personas afectadas.
Con la decisión de aprobar esta reforma hipotecaria, el gobierno del Partido Popular obliga a la ciudadanía, a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, tal y como lo hizo con el gobierno anterior del PSOE, a continuar e intensificar la autotutela de derechos. Unos derechos que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha sentenciado que están siendo vulnerados, sentencia tras la cual numerosos jueces han encontrado la vía para poder garantizar los derechos que no serán protegidos con las propuestas del PP.
La decisión del Partido Popular de despreciar el millón y medio de firmas, de despreciar las demandas que los que conocemos de cerca el problema sabemos que son necesarias, que cuentan con el apoyo del 80% de la población son la gota que colma el vaso. Con esta decisión el gobierno del Partido Popular no solo da la espalda a las personas afectadas, sino que demuestra que vivimos en una democracia secuestrada por los intereses de la banca, a los cuales se ha mostrado completamente sumiso.
Las demandas de la ILP son demandas de mínimos, e incluyen el alquiler social: que las personas desahuciadas fueran alojadas en sus viviendas (siendo éstas ya propiedad del banco) en régimen de alquiler social. España es el país que más desahucia de Europa y que cuenta con más vivienda vacía, de la cual se calcula que más de un millón está en manos de la banca. Esta medida ha sido rechazada, sin embargo, hace más de un año que la PAH inició su campaña Obra Social la PAH. La Obra Social la PAH consiste en recuperar viviendas vacías en manos de los bancos para alojar a familias desahuciadas judicialmente o de facto tras firmar la dación en pago, cuando se han agotado posibles para que sean alojadas en pisos sociales.
La última recuperación de la campaña Obra Social la PAH fue llevada a cabo por la PAH de Sabadell el pasado sábado 13 de abril. El Bloc de Gràcia llevaba cuatro años vacío. Hasta el pasado febrero el propietario era el Banco Mare Nostrum y desde entonces es del SAREB, entidad participada en un 45% por fondos públicos. Era el octavo recuperado por la PAH.El SAREB ha interpuesto una denuncia por la ocupación del bloque y solicitan el desalojo inmediato.
El SAREB (banco malo) no es un banco. Es una entidad participada en un 45% por fondos públicos creada para dar liquidez -nuevamente- a entidades que ya habían tenido inyecciones públicas de millones de euros. Desde el pasado mes de noviembre se ha quedado con aquellas viviendas que los bancos intervenidos o nacionalizados no han podido ni prevén poder vender. Por lo tanto, se realiza una nueva inyección pública a las entidades bancarias.
En sólo diez días se ha instalado en el bloque nueve familias prácticamente sin ingresos, las cuales habrían acabado en la calle en menos de un mes. Todas ellas han pasado por el circuito de servicios sociales sin que estos pudieran darles una solución.
Los servicios jurídicos del SAREB esgrimen un sinfín de argumentos legales para pedir al juez un desalojo cautelar, mientras desde la entidad afirman que su intención es dialogar. Las familias alojadas son familias que han sido bien desahuciadas o bien han firmado la dación en pago. Porque la firma de la dación en pago supone cancelar la deuda con la entrega de la vivienda, pero muchas familias entregan con las llaves su única opción habitacional.
Resulta inadmisible que una entidad creada para injectar dinero público a las entidades financieras pretenda desahuciar a familias que se han visto en una situación extrema por culpa de la estafa bancaria. Es urgente que las viviendas en manos de la banca y el SAREB se pongan a disposición de las personas afectadas por la vivienda en régimen de alquiler social. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular se niega a adoptar las medidas pertinentes para responder a la urgencia habitacional que se vive en España. Por eso, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca continuaremos defendiendo las medidas de la ILP en la calle, donde nacieron.
No permitiremos que el SAREB desaloje el bloque recuperado por la PAH Sabadell, porque no todo lo que es legal es legítimo.
Las medidas de la ILP hoy están más vivas que nunca y las continuaremos defendiendo en la calle.
