Nuevo informe sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentarán en septiembre un exahustivo informe con datos sobre el estado de la cuestión en materia de ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda en el Estado Español.

Una de las principales novedades de este informe es que mostrará nuevos datos sobre la problemática a partir de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH en los últimos dos años. La muestra es interesante, no sólo por el considerable número de encuestas, sino también por la información sociodemográfica y de vulnerabilidad social que da de las personas afectadas. Además, también ofrecerá datos del comportamiento de las entidades financieras; unos datos que a día de hoy, ni los mismos bancos, ni las administraciones han querido facilitar.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC fueron de las primeras entidades que, ya en 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han denunciado reiteradamente la falta de unos datos oficiales que pemitan entender la dimensión de la vulneración de los derechos fundamentales que supone el marco normativo actual en materia habitacional. Así mismo, este déficit de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades han hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos con la máxima precisión posible a partir de las personas afectadas que han contactado a la PAH en algún momento.

Sobre el ámbito geográfico, la encuesta se ha realizado a través de internet, en castellano y estaba dirigida a todo el Estado. La mayoría de respuestas son, por orden, de personas que residen en Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, y Andalucía. Esta proporción se corresponde de manera aproximada con los datos del Poder Judicial, los cuales indican que estas mismas comunidades son las más afectadas. Así, el dato geográfico, junto con el número de encuestas realizadas, confirman el valor de interés estadístico de la encuesta.

A la espera del informe completo que se publicará en septiembre, avanzamos en esta nota algunos datos de su interés:

Encuentro estatal de PAHs en Valencia

Hoy más de 60 Plataformas de Afectados por la Hipoteca de todo el Estado se dan cita en Valencia para evaluar la campaña de la ILP y escraches y debatir sobre los pasos a seguir después de la aprobación de la Ley inútil del PP.

El encuentro se produce en un momento en el que el movimiento está más fuerte que nunca. Desde la PAH se es consciente de que no se han conseguido cambios en la ley que restituyan la vulneración del derecho a la vivienda de las personas afectadas, sin embargo, sabemos que estamos ganando. El movimiento crece cada mes y cuenta a día de hoy con más de 160 PAHs en todo el Estado. La PAH cuenta a día de hoy con una legitimidad y un apoyo social masivos, todas las encuestas dicen que no sólo el 90% de la población apoya las demandas de la PAH, si no que la sociedad civil confía más en la PAH que en los partidos políticos para solucionar y tutelar los derechos fundamentales. Y, sobre todo, desde la PAH sabemos que estamos ganando porque la PAH resuelve los problemas de la gente: consigue daciones en pago, condonaciones, alquileres sociales. La PAH autotutela los derechos mientras el gobierno legisla para perpetuar su vulneración.

La campaña de criminalización llevada a cabo por el Partido Popular ha ido unida a una campaña represiva, de multas, silenciosa; pero que persigue la asfixia económica de las PAHs (las multas ascienden ya a 40.000€). Esta campaña de criminalización unida a la repentina “falta de interés” de los medios de comunicación y los episodios de censura en televisiones como RTVE, son una muestra evidente de que el Partido de gobierno tiene miedo. Miedo de un movimiento social que ya ha manifestado que no va a cejar en su defensa del derecho a la vivienda y a una segunda oportunidad.

En el encuentro de hoy en Valencia las PAHs analizarán la situación actual y las lineas de acción a implementar para continuar con la defensa del derecho a a vivienda. Porque ¡Sí, se puede!

Premio del Parlamento Europeo a la PAH: un motivo más para que el PP rectifique

Tras el premio del Parlamento Europeo a la PAH el Partido Popular debería pedir disculpas y rectificar

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca trabaja desde hace más de cuatro años defendiendo el derecho fundamental a la vivienda, recogido en numerosos tratados internacionales así como en la Constitución Española. El Premio que concede el Parlamento Europeo es un reconocimiento a la labor colectiva de un movimiento ciudadano que se lleva a cabo en condiciones muy duras. Aun así, los reconocimientos no nos hacen perder de vista nuestro objetivo, que no es conseguir premios sino hacer frente a la vulneración sistemática del derecho a la vivienda, y luchar para que éste sea garantizado. En el Estado Español, esta vulneración es el resultado de una continuada estafa cometida por las entidades financieras, con la complicidad denunciable de amplios sectores de la administración pública y el Estado. Este engaño masivo a la ciudadanía ha empujado a centenares de miles de personas a una situación límite.

Queremos recordar el contexto en el que el Parlamento Europeo ha decidido destacar la labor de la PAH. En el mes de febrero pasado, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer frente a la crisis hipotecaria y la emergencia habitacional fue presentada con el aval de 1.402.854 firmas, y tramitada así en el Congreso gracias al respaldo de una masiva movilización ciudadana y de la opinión pública. A pesar de ello, el Partido Popular, en su ‘Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social‘, no recogió ninguna de las tres demandas de mínimos contenidas en la ILP. Al desprecio por la movilización ciudadana, por la situación de las personas afectadas y por unas demandas apoyadas por el 90% de la población, el Partido Popular en el gobierno sumó una sucia campaña para criminalizar a la PAH. En un alarde de formas antidemocráticas, representantes populares tildaron a la PAH de “invasores de derechos ajenos“, acusándola de “ejercer la violencia física y verbal contra quienes piensan diferente”, con métodos cercanos a los “terroristas filoetarras” o incluso a los nazis.

AVISO URGENTE PARA PERSONAS AFECTADAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y QUE TENGAN SU CASO EN EL JUZGADO

PLAZO HASTA EL 15 DE JUNIO PARA ALEGAR LAS CLAUSULAS ABUSIVAS DE SU HIPOTECA, A TRAVÉS DE SU ABOGADO.

TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PINCHANDO EN EL ENLACE:


https://www.dropbox.com/sh/wjxs7ef56l1ece3/knTD0rFffJ/DOCUMENTOS%20tras%20sentencia%20Europea%20Marzo%202013

Respuesta de la PAH a la Ley 1/2013 del Partido Popular: una ley inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos

Entre los muchos despropósitos de la ley, destaca el plazo de sólo un mes para que las personas afectadas aleguen cláusulas abusivas. Para ello la PAH ha elaborado un “kit de emergencia”

(descárgalo aquí y aquí)

1. Análisis de la Ley

El pasado 14 de marzo se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona en el caso Aziz. Dicha sentencia vino a ratificar lo que la PAH, el Poder Judicial y muchos otros colectivos venimos denunciando: que el procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.
Tras dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento, así como estableciendo un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados, puesto que se han sentenciado vulnerando la ley europea y la tutela judicial efectiva. Se esperaba también que, entre esas medidas urgentes, se adoptaran por fin las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por casi un millón y medio de firmas y por el 80% de la población según todas las encuestas: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías. Sin embargo, una vez más el Gobierno se plegó a la presión de las entidades financieras: despreció las medidas de mínimos recogidas en la ILP, no ordenó ninguna moratoria de procedimientos y se ha limitado a aprobar la ley 1/2013, una ley dictada por la propia patronal bancaria, que complica aún más la situación de las personas afectadas. Lo hizo en soledad, sin apoyo de ninguna otra fuerza política. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) ha criticado la nueva ley por insuficiente (ver Dictamen del 22 de mayo de 2013).

Resumiendo, la ley 1/2013: