Hoy llegan a Bruselas los participantes del viaje por la dignidad impulsado por Stop desahucios Córdoba. A su llegada, después de 87 días de marcha, entregarán a los parlamentarios europeos una carta con las demandas que les han llevado a emprender la marcha. La PAH ha convocado concentraciones en diversas ciudades del Estado.
Carta a los parlamentarios:
A la atención de los representantes, grupos parlamentarios y diputados del Parlamento Europeo:
Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de las personas afectadas viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a decenas de miles de familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación.
Por haber firmado un contrato para acceder a una necesidad básica, reconocida como derecho fundamental en la declaración universal de los derechos humanos y recogida en el artículo 47 de la constitución española, tú y tu familia estáis condenados a malvivir en los márgenes de la sociedad. El sistema te expulsa. Te rechaza. Solo está dispuesto a darte una segunda oportunidad en la medida que pueda seguir exprimiéndote. Por eso afirmamos que nos encontramos ni más ni menos que ante una versión contemporánea de la esclavitud. Hagas lo que hagas no te podrás recuperar. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos sucesivos del PSOE y del PP. Durante cuatro años la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular.
Durante este tiempo, centenares de ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde, entre otros, denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el estado español; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad una normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. Se trata de una ley casi medieval, y como tal expresa la relación de fuerzas desigual entre las partes. Una relación de vasallaje. Una ley bárbara propia de un país poco civilizado. Por ello afirmamos con rotundidad que estamos ante una ley criminal. Como criminales son los que sacan beneficio de ella. Como criminales son los que la amparan y la protegen.
Por haber firmado un contrato para acceder a una necesidad básica, reconocida como derecho fundamental en la declaración universal de los derechos humanos y recogida en el artículo 47 de la constitución española, tú y tu familia estáis condenados a malvivir en los márgenes de la sociedad. El sistema te expulsa. Te rechaza. Solo está dispuesto a darte una segunda oportunidad en la medida que pueda seguir exprimiéndote. Por eso afirmamos que nos encontramos ni más ni menos que ante una versión contemporánea de la esclavitud. Hagas lo que hagas no te podrás recuperar. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos sucesivos del PSOE y del PP. Durante cuatro años la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular.
Durante este tiempo, centenares de ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde, entre otros, denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el estado español; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad una normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. Se trata de una ley casi medieval, y como tal expresa la relación de fuerzas desigual entre las partes. Una relación de vasallaje. Una ley bárbara propia de un país poco civilizado. Por ello afirmamos con rotundidad que estamos ante una ley criminal. Como criminales son los que sacan beneficio de ella. Como criminales son los que la amparan y la protegen.
Suicidios como los de Granada, Baracaldo, Córdoba, Calvià o Alacant son tan sólo la punta del iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras que desahucian a familias con niños mientras continúan especulando y acumulando viviendas vacías.
