Nuevos documentos útiles para soicitar la devolución de la plusvalía o el IRPF

 

Una de las expresiones más duras de la connivencia del gobierno español con la emergencia habitacional son las consecuencias fiscales de los desahucios y las daciones en pago.

Hasta el pasado 5 de julio de 2014 ambos hechos podían daban lugar a la obligación de pagar cantidades substanciosas en concepto de IRPF y Plusvalía. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos denunciado esta injusticia tributaria en numerosas ocasiones.

En diciembre de 2012 iniciamos una campaña de mociones a través de la cual miles de ayuntamientos acordaron la subvención o suspensión cautelar del cobro de la plusvalía e instaron al gobierno central a modificar la normativa tributaria, tomando partido a favor de la población.

Finalmente el gobierno decidió acabar con este abuso a través del Real Decreto-ley 8/2014, estableciendo una exención con efectos retroactivos en el pago de la plusvalía. Parece que la incansable presión de la ciudadanía organizada y, quizás, unas cercanas elecciones generales, dieron sus frutos y el gobierno se vio forzado a rectificar su posición, demostrando una vez más que “sí se puede”.

Es por esto que, des de la PAH hemos elaborado conjunto de documentos para que aquellas personas que en su día pagaron total o parcialmente la plusvalía o el IRPF puedan solicitar la devolución del dinero. Hacemos un llamamiento a todos los afectados para que lo presenten y recuperen un dinero que nunca deberían haber tenido que pagar.

 

Con la PAH, ¡sí se puede!

Consulta directamente los nuevos documentos útiles sobre fiscalidad aquí

SENTENCIA ABSOLUTORIA

El JUZGADO DE INSTRUCCION NRO. 1 de GASTEIZ ha dictado SENTENCIA por la que absuelve a los tres miembros deKALERATZEAK STOP DESAHUCIOS que fueron acusados por ALOKABIDE de “coacciones” y de “querer destrozar el local” cuando el 12 de junio habían ido pacíficamente a entregar quinientas firmas de inquilinos de viviendas públicas exigiendo el reconocimiento de su derecho a participar en la gestión de las comunidades de vecinos en las que viven, con el fin de reducir los gastos de vivienda.

KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS considera que Alokabide, con manifiesto desprecio a la verdad, ha causado un daño a los denunciados y a la sociedad, provocando un juicio en el que perdieron medio dia, y miles de euros, empleados públicos, como los miembros del tribunal, la denunciante, el vigilante de seguridad, y dos ertzainas, a quienes hemos pagado los de siempre. Por ello, vamos a remitir una carta al Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, para que se repare el perjuicio causado y se adopten medidas que impidan que se vuelvan a presentar denuncias falsas contra organizaciones sociales. Nosotros no solamente no somos enemigos de nadie sino que trabajamos para que Alokabide, como empresa pública que es, cumpla su función social, y para que se paren de verdad los desahucios de deudores de buena fe por imposibilidad de pago de sus gastos de vivienda.

Sólo mediante el dialogo y la negociación, se puede afrontar un problema que afecta a cientos de familias que viven en la precariedad y a las que se condena a la exclusión y la mendicidad por aplicarles una normativa que esta desfasada, es injusta y el Parlamento Vasco ha dicho que se debe cambiar. Por ello consideramos una buena noticia que la Viceconsejera de Vivienda del Gobierno Vasco haya accedido por fin a mantener una reunión con STOP DESAHUCIOS DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA el próximo lunes 20 de octubre, y esperamos que en dicha reunión podamos abordar, mejorar, y resolver las deficiencias que desde febrero venimos denunciando en relación a Alokabide y a la Instrucción 12/2013 de la Viceconsejera de Vivienda.

En Vitoria-Gasteiz, a quince de octubre de 2014

Los datos del CGPJ confirman que siguen aumentando los desahucios en España

By laplataforma on 10/10/2014

 Hoy se han publicado los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios del segundo trimestre de 2014. Las cifras publicadas por el INE confirman, una vez más, que las medidas tomadas por el PP no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y de vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España. Con una ley hipotecaria injusta y caduca que desde 2007 hasta hoy ya acumula casi570.000 ejecuciones hipotecarias, la emergencia habitacional en España lejos de disminuir, sigue aumentando.

 

Según los datos oficiales, durante el segundo trimestre de 2014 se han iniciado 21.178 ejecuciones hipotecarias, un 4,2% más que en el mismo período de 2013. En el caso de los desahucios las cifras son aún más preocupantes: 18.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014, un 3,7% más que en el mismo período del año anterior. De éstos, el 53,2 % fue por alquiler, el 44,2 % por hipotecas y el 4,6 % restante obedeció a otras causas. Cataluña -con el 23% de desahucios practicados- sigue ocupando el primer lugar en la vergonzosa lista negra de las Comunidades Autónomas con más desahucios, seguida de la Comunidad Valenciana (15,5 %), Andalucía (15,3 %) y Madrid (10,8 %).

La semana pasada, coincidiendo con la publicación de los datos sobre ejecuciones hipotecarias del  INE, denunciábamos la insuficiencia y poca fiabilidad de los datos oficiales existentes sobre el drama de los desahucios y el acceso a la vivienda en España. A esto, queremos añadir que los datos publicados hoy sobre desahucios no incluyen aquellos miles de casos en que las propias familias ejecutadas deciden “autodesahuciarse”, por lo que no se acaba tramitando la orden judicial de lanzamiento.

 

No hay que olvidar que no recoger buenos datos es una decisión política que contribuye a la invisibilización de los problemas y que impide orientar adecuadamente las políticas públicas. Por esta razón, desde la PAH en colaboración con el Observatori DESC estamos haciendo un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos realizando una encuesta centrada en el impacto de la ejecución hipotecaria en la salud e infancia, que sigue abierta a la participación de toda la gente afectada.

 

Los datos publicados hoy, no hacen más que reflejar, como ya hemos denunciado reiteradamente, el estrepitoso fracaso de la Ley 1/2013 aprobada por el Partido Popular y del resto de medidas-parche que la han acompañado. Unas medidas que con sus criterios restrictivos, dejan fuera a la mayoría de gente afectada, para continuar protegiendo los intereses de la banca. Recordamos que, detrás de las grandes cifras, cada ejecución hipotecaria es una familia a la que se le priva de un derecho fundamental como es la vivienda. Una familia condenada al sufrimiento y al endeudamiento de por vida.

 

Desde la PAH seguiremos denunciando la connivencia entre el PPSOE y entidades financieras que siguen agarrándose a una normativa hipotecaria caduca, injusta y que viola los derechos fundamentales. Por eso seguimos exigiendo la aprobación de la ILP y sus tres medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y creación de un parque de alquiler social. Además, la penalización de aquellos que mantienen viviendas vacías a pesar de la emergencia habitacional que vive el país, así como la concesión de alquileres sociales a aquellos que  recuperan viviendas vacías de bancos rescatados y la SAREB.

 

Mientras tanto, seguiremos siendo la ciudadanía organizada la que para desahucios, realoja familias que no tienen ninguna otra opción habitacional en la obra social de la PAH y sigue señalando a los responsables de este drama, el gobierno del PP y la banca criminal.

 

¡Sí se puede!

 

Resumen de los datos

 

Ejecuciones hipotecarias

• 2º trimestre 2013: 20.323
• 1er trimestre 2014: 24.226
• 2º trimestre 2014: 21.178
• Ejecuciones hipotecarias desde 2007: 569.144

Lanzamientos:

2º trimestre 2013:  18.077

• Hipoteca:       6.549

• Alquiler:     10.527

1er      trimestre 2014: 18.492

• Hipoteca:       7.718

• Alquiler:       9.948

2o trimestre 2014: 18.749

• Hipoteca:    7.907

• Alquiler:      9.978

 

Para más información, consulta los datos del 2º trimestre de 2014 publicados por el CGPJ aquí.

Carta abierta a la Judicatura: aunque lo diga el Gobierno, por favor, no prevariquen

Rafael Mayoral

Abogado y activista de la Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca

Estimadas Señorías:

El 17 de julio de 2014 la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "Sanchez Morcillo contra BBVA" declara que el procedimiento de ejecución hipotecaria viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). El artículo 47 de la CDFUE se corresponde con artículo 24 de la Constitución Española. Traducido al lenguaje de los mortales: el TJUE dice que se ha violado el derecho a un juicio justo. En la medida, en que esa vulneración es fruto de la aplicación reiterada de una norma del Estado por parte de sus tribunales podemos afirmar que se han violado los derechos humanos de forma sistemática.

No se les escapa a Sus Señorías que esto no es nuevo. La citada Sentencia del TJUE  no es la primera: el 14 de marzo de 2013 fue dictada la Sentencia del caso "Aziz contra Caixa Catalunya", que declaraba incompatible las ejecuciones hipotecarias en España con la Directiva 93/13 en materia de consumidores, por no contemplar recurso efectivo de defensa del deudor y por no garantizar el control del juez  del contenido del contrato. El préstamo hipotecario que se ejecuta es un contrato en el que la entidad financiera impone las condiciones. Entre otras, en las hipotecas, los bancos impusieron la responsabilidad universal recogida en el artículo 105 de la Ley Hipotecaria. Esto supone que el deudor responde no solamente con su vivienda sino con el conjunto de sus bienes presentes y futuros. Por tanto, en caso de ejecución se podría condenar al deudor a una deuda perpetua. La posición dominante de la banca impidió la posibilidad de utilizar la responsabilidad limitada a la  vivienda  hipotecada, que recoge el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.

Por tanto, nos encontramos ante un incumplimiento reiterado de la legislación europea con afectación a los derechos fundamentales de las personas que quedan en una situación de especial vulnerabilidad como resultado de procedimientos judiciales ilegales.  

En nuestro país, el tribunal encargado de la protección de los derechos fundamentales frente a los abusos de jueces y legisladores es el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, en la materia a la que nos referimos, lejos de proteger los intereses de los ciudadanos frente a las entidades financieras, el Alto Tribunal se ha convertido en  la vergüenza internacional declarando mediante el Auto 113/2001, de 19 de julio, que "al constituir la hipoteca se consiente en que la defensa tenga una eficacia momentánea disminuida". El Tribunal Constitucional, más que un Tribunal de Garantías con semejante afirmación, parece el tribunal de un régimen de excepción que necesita asegurar los privilegios de las entidades financieras al precio que sea. Uno de los elementos más básicos que configura un Estado de Derecho es el reconocimiento del derecho a un juicio justo sin que, por supuesto, se pueda ver diminuido por firmar un contrato de hipoteca con una corporación financiera que participa del control de acceso al derecho a la vivienda.

El Gobierno del PP aprobó el 5 de octubre de 2014 el Real Decreto-Ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal. Escondida en su Disposición final tercera y Disposición transitoria cuarta, se encuentra la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según se recoge en su exposición de motivos, “para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución”.

A los ojos de los legos, o personas no familiarizadas con el derecho, pudiera pasar inadvertida una modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria si no fuera por los más de medio millón de procesos seguidos ante los juzgados en España desde 2008 y la lucha incansable de las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca (PAH) que han convertido las ejecuciones hipotecarias masivas en un grave conflicto social en el que se denuncia que en los juzgados de todo el país se han violado los derechos humanos.

La modificación realizada por el Gobierno lejos de mejorar la situación la agrava y para más inri les invita a ustedes, Señorías, a prevaricar. 

Vaya por delante que todos conocemos que las Sentencias del Tribunal de Luxemburgo son de obligado cumplimento por parte de los juzgados y tribunales del Reino de España. Que la Sentencia Simmenthal del TJUE de 1978 obliga a los jueces españoles a dejar de aplicar las leyes contrarias al derecho europeo y que en caso de duda en su aplicación el tribunal nacional planteará cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Asimismo y como bien saben, ante la duda de que una norma aplicable por ustedes en un procedimiento judicial pueda violar el articulo 24 de la Constitución en vigor deben plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros el 5 de septiembre de 2014 dice que existe un mes para presentar recurso de apelación, sirviendo como notificación la publicación en el BOE. De esta forma, el Gobierno despacha a las personas que han sufrido una violación del derecho a un juicio justo. Por si no fuera suficiente, las personas que fruto de la mencionada violación hubiesen perdido su vivienda y hubiesen visto vulnerado su derecho la inviolabilidad del domicilio, al ser desahuciados se encontrarán a su vez privados de su derecho a recurrir.

El Gobierno una vez más sale al rescate de las entidades financieras pisoteando los derechos de las personas que firmaron préstamos hipotecarios, la mayoría, para acceder al derecho a la vivienda.

Echando las cuentas, el ocho de octubre supuestamente se cierra la puerta y ustedes serán los encargados de decirlo. Pero una vez más debemos decir lo evidente: el emperador está desnudo. La norma aprobada por el Gobierno es ilegal y viola derechos fundamentales.

Como sabe, cualquier alumno de derecho constitucional, una resolución judicial que viole el articulo 24 de la Constitución o el 47 de la CDFUE es nula de pleno de derecho. El juez que tenga conocimiento que una de sus resoluciones viola un derecho fundamental, tiene la obligación de declararla nula de oficio de acuerdo al artículo 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario que sea alegado por el justiciable. 

La gente afectada por las ejecuciones hipotecarias masivas se ha organizado en torno a las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca y otros colectivos sociales. La consecuencia ha sido la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos, el realojo de más de 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera.    

La pelota está botando al pie de la judicatura. La inmensa mayoría de la población desea el fin de la locura de las ejecuciones hipotecarias masivas. Ustedes lo saben y está en su mano hacer justicia. 

Acaben de una vez con los procedimientos de ejecución hipotecaria porque son ilegales y no respetan las mínimas garantías. Acaben con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque suponen un trato inhumano y degradante cuando además amparan el acaparamiento de viviendas vacías en manos de las entidades financieras y los fondos buitre. Acaben con las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios porque son ilegítimas y suponen una condena a la pobreza y la exclusión social. Persigan, juzguen y castiguen a los estafadores, a quienes introdujeron miles de productos financieros tóxicos, como los préstamos hipotecarios aprovechando su control sobre el mercado de la vivienda. 

Pero por encima de todo, si me permiten que les pida algo: no prevariquen, aunque se lo pida el Gobierno. No apliquen el Real Decreto-Ley. Cesen la violación de derechos humanos. Háganse dignos del respeto de su pueblo.


Artículo del diario.es http://www.eldiario.es/zonacritica/Carta-abierta-Judicatura-Gobierno-prevariquen_6_311528847.html

Los últimos datos del INE confirman el fracaso de las medidas-parche del PP y la vulneración del derecho a la vivienda

 

Hoy se han publicado los datos del segundo trimestre sobre ejecuciones hipotecarias. Las cifras publicadas por el INE confirman, una vez más, que las medidas tomadas por el PP no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y de vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España.

Según los datos oficiales, en el 2º trimestre de 2014 se han iniciado 32.960 ejecuciones hipotecarias. Del total de ejecuciones, 19.155 son viviendas, es decir, casi el 60%, y de éstas, más del 50% son de vivienda habitual. Todos los datos facilitados por la administración indican que las ejecuciones hipotecarias, lejos de disminuir van en aumento. En total, estamos hablando de que acumulamos más de 550.00 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007. Y  todo ello sin contabilizar los datos relativos al alquiler, un drama creciente.

Antes de analizar los datos queremos denunciar, una vez más, que las cifras han llegado tarde y siguen siendo incompletas e insuficientes.

• Los datos del INE únicamente distinguen entre persona física y jurídica en el caso de procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en el trimestre, en cambio no se especifica esa distinción en las cifras de desahucios.

• No se recogen datos desglosados por criterios básicos como el perfil de las familias, si hay menores o la situación laboral.

• No se incluyen tampoco estadísticas relacionadas con la pobreza energética o el impacto en la salud que están sufriendo las personas afectadas por esta constante vulneración de DDHH.

En la PAH llevamos desde 2009 denunciando la falta de datos cuantitativos y cualitativos referentes al procedimiento de ejecución hipotecaria  y la clara intencionalidad de invisibilizar el drama de los desahucios y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y los derechos humanos por parte de las administraciones públicas. No recoger datos estadísticos de calidad es una decisión política que contribuye a invisibilizar los problemas.

Con la intención de paliar esta información sesgada, la PAH presentó el año pasado el Informe de Emergencia Habitacional en el Estado español a partir de las encuestas realizadas por la gente afectada. Nuevamente, un paso por delante de las instituciones y con muy pocos recursos, desde la PAH y el Observatorio DESC estamos realizando una encuesta centrada en el impacto en salud e infancia del procedimiento de ejecución hipotecaria que toda la gente afectada puede rellenar.

Analizando los datos publicados hoy -conjuntamente con los datos del CGPJ y del Banco de España- podemos concluir que 7 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, la  emergencia habitacional en el estado español lejos de disminuir, aumenta. Las cifras constatan el incremento de los desahucios y del número de ejecuciones hipotecarias, y que nada de lo que ha hecho el Gobierno ha mejorado la situación. Sus medidas-parche son un insulto y una falta de respeto a las personas afectadas.

Con una aval de más de 1,5 millones de firmas de la ciudadania que dan apoyo a las demandas de la PAH no nos cansaremos de exigir una y otra vez que se apruebe la ILP ante los oídos sordos del gobierno del Partido Popular. La ILP es democracia y garantía de derechos. Asimismo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca también queremos denunciar la falta de transparencia por parte del Gobierno en cuanto a datos de ejecuciones hipotecarias se refiere.

Mientras el Gobierno mira para otro lado y protege a las entidades financieras somos la ciudadanía organizada la que estamos autotutelando el derecho a la vivienda, parando desahucios, arrancando daciones, condonaciones y alquileres sociales a las entidades financieras y produciendo datos de calidad para dar luz al drama de las ejecuciones hipotecarias. Hasta que no se haga efectivo el derecho a la vivienda y nuestras medidas de mínimos no esten reguladas, la PAH continuará en los juzgados, en los Ayuntamientos, en las calles y donde haga falta.

¡Sí se puede!

Consulta la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias (EH) del INE, 2o trimestre 2014 aquí