Desde la PAH exigimos una serie de medidas de urgencia e
imprescindibles para que la Ley de Segunda Oportunidad no sea otro
fracaso con un impacto ínfimo en la situiación de las familias en
ejecución hipotecaria.
El decreto ley llamado de “segunda oportunidad” que anunció Mariano
Rajoy en el debate sobre el estado de la nación podría aprobarse hoy
mismo en el Consejo de Ministros en un contexto de opacidad y confusión
total.
Durante esta semana ningún Ministerio ha sido capaz de explicar en
qué consiste realmente y cómo afectará a las familias afectadas por
desahucios y los autónomos ahogados por las deudas. Ayer, los miembros
del Gobierno solo repetían las mismas generalidades que enunció Rajoy en
el discurso y derivaban la responsabilidad a Economía, proponente del
decreto ley junto al Ministerio de Justicia. De hecho, ni siquiera está
claro que vaya a aprobarse hoy.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tras años
presentando una propuesta articulada a través de la Iniciativa
Legilsativa Popular en 2013, nos tememos que las medidas aprobadas por
el Gobierno tengan demasiadas limitaciones que las conviertan en
ineficaces y vuelvan a condenarlas al fracaso.
Recordamos el fracaso absoluto de todas y cada una de las
iniciativas que los Gobiernos del PPSOE han adoptado hasta hoy para
“intentar frenar” los desahucios. La moratoria de los
desahucios, por ejemplo, anunciada a bombo y platillo por el ejecutivo
ha tenido unos efectos ínfimos parando solo el 8% de los 120.000
desahucios que se han producido durante su vigencia. Por su parte, el
impacto del Código de Buenas Prácticas de Guindos (RD Ley 6/2012) aún ha
sido más ridículo. En los casi tres años desde su aplicación solo se ha
conseguido daciones en pago para un 0,7% de los afectados, y por su
parte el fondo social de vivienda solo ha concedido alquileres sociales a
un 0,4% de las ejecuciones hipotecarias.
A pesar de que hasta el dia de hoy aún no hemos podido tener acceso
al contenido del texto definitivo que previsiblemente aprobará hoy el
Gobierno,
queremos hacer una serie de consideraciones para informar a la ciudadanía de algunas de las exigencias de mínimos que
tendría que incluir este Real Decreto Ley para que realmente fuera una
Ley de Segunda Oportunidad y no volviera a ser un fracaso estrepitoso.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exigimos:
- Que el préstamo hipotecario se incluya sin condiciones.
Los préstamos hipotecarios (actualmente excluídos en los procedimientos
concursales) tienen que quedar afectados por la nueva ley, puesto que
de lo contrario, tratándose de la principal deuda de la ciudadanía, la
medida anunciada seria totalmente inútil. Asimismo, no tiene sentido
poner ningún tipo de requisito a su inclusión más allá del hecho de que
el préstamo hipotecario sea por vivienda habitual.
- Que la “segunda oportunidad” no dependa de la voluntad de los acreedores.
Ha quedado demostrado que los mecanismos de segunda oportunidad -como
los procedimientos extrajudiciales- cuando dependen de la voluntad de
las entidades financieras están condenados al fracaso: siendo un mero
trámite sin ninguna posibilidad de acuerdo, o simplementre una vía que
ni siquiera se inicia.
- Que no se establezca ningún tipo de restricción a los deudores de buena fe, ni de tipo económico ni social.
Todas las personas en situación de sobreendeudamiento que han contraído
los préstamos de buena fe merecen una segunda oportunidad,
independientemente de la situación familiar que tengan y las condiciones
económicas del crédito. El fracaso del Código de Buenas Prácticas
debería ser un argumento de peso suficiente como para que el Gobierno
tomara la determinación de que no se puede seguir dejando fuera a la
gran mayoría de la población afectada en base a unos criterios
arbitrarios de vulnerabilidad.
- El plazo que se establezca para la condonación de las deudas
que hubieran quedado pendientes tras el concurso no debería superar un
año, tiempo más que suficiente para comprobar la rehabilitación
económica o no del deudor. Además el procedimiento debe evitar que,
como sucede en otros casos, los costes del mismo lo hagan inviable para
los afectados.
- Que la mera solicitud del procedimiento extrajudicial suspenda temporalmente cualquier ejecución de deudas del afectado.
De esa manera se suspendería toda ejecución hipotecaria en curso y se
impediría el inicio de nuevas, evitando el riesgo de embargo y
desahucio.
- Que la nulidad de las cláusula suelo se extienda a todas las
personas afectadas y suponga la obligación de devolución de las
cantidades pagadas en aplicación de los mismos. El anuncio de
regular las cláusulas suelo hipotecarias parece reducirla a “colectivos
vulnerables”, a pesar de existir miles de sentencias judiciales dictando
la nulidad de los “suelos” e incluso la devolución de las cantidades
pagadas en aplicación de los mismos. El Gobierno no puede seguir
legislando a favor de la banca y haciendo caso omiso a estas
resoluciones judiciales.
Queremos recordarle al Gobierno que
la “segunda oportunidad” (que ya prevén la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno)
es un derecho de todos los ciudadanos, y no puede limitarse a casos de extrema necesidad y “especial vulnerabilidad”.
La insolvencia sobrevenida para miles de familias que fueron victimas
del estallido de la burbuja inmobiliaria no puede seguir suponiendo una
condena a la exclusión social y a la desesperanza. Ya está bien de que
los intereses especulativos de los bancos pisoteen el derecho a la
vivienda de los afectados
Una vez más, tememos que las propuestas que nos ofrecen sean las propuestas que están dispuestos a ceder los bancos.
Es decir, las propuestas de los abogados de los bancos que han tenido
acceso al texto definitivo antes que los propios afectados para
desvirtuarlo y asegurarse que no perjudica sus intereses. Y nos
preguntamos: ¿No debería ser al revés? La democracia no es un sistema de
representación que traduce en ley aquello que la ciudadanía clama a
gritos? ¿Por qué este gobierno se deja manipular como marionetas por el
interés de una minoría y en contra de la gran mayoría social?
La respuesta a la situación de sobreendeudamiento y
emergencia habitacional que sufre el país es clara. Dación en pago
retroactiva, moratoria real de desahucios y alquiler social. Es esta la
Segunda Oportunidad Real para las más de 570.000 familias que sufren una
ejecución hipotecaria desde 20007. Tenemos el aval de 1.402.854 firmas a
la Iniciativa Legislativa Popular y de más de 200 PAHs que en todo el
Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos y
aplicando la desobediencia civil para conseguir las daciones,
condonaciones y alquileres sociales que el Gobierno les niega.
Hay vidas en juego y no aceptaremos que trafiquen con nuestros
derechos. Que no le quepa ninguna duda a éste o cualquier Gobierno que
no vamos a aceptar ninguna rebaja y seguiremos luchando por el derecho a
la vivienda y una segunda oportunidad real y para todas.
Basta de parches y mentiras, por una Segunda Oportunidad Real!
¡Si Se Puede!
#2aOportunidadReal
#HayVidasEnJuego
