EL ESTADO ESPAÑOL COMETE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON CADA DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

Ante el Dictamen de Naciones Unidas sobre desahucio de alquiler en España. No toleramos ni un desahucio más.

Ayer conocimos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha declarado que el desalojo sin alternativa habitacional de personas en procedimientos de alquiler, bajo su actual regulación, constituye una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. El Comité juzgaba un caso de desahucio por extinción de contrato de alquiler de habitación, ocurrido en 2013 en el barrio de Tetuán de Madrid, que terminó con una familia con cuatro miembros durmiendo en un coche. Ni los Servicios Sociales municipales, ni el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) [1]., ni el propio Juzgado, impidieron el desahucio ni tampoco proveyeron de una vivienda para una unidad familiares con dos niños de 1 y 3 años de edad. En sus conclusiones, Naciones Unidas declara producida una violación por parte del Estado, ordena la reparación del daño causado a la familia e insta al Gobierno a remitir un plan de reforma profundo en materia de alquiler y vivienda en un plazo de 6 meses pues aprecia una situación de violación estructural.

Podéis consultar la decisión en este enlace.

Las conclusiones de Naciones Unidas apuntan a responsabilidades estatales con implicaciones para todos sus estamentos, desde los servicios sociales municipales, incapaces de atender algo tan básico como el techo de una familia, hasta el Congreso de los Diputados, responsable de una legislación procesal que convierte las sedes judiciales en oficinas de gestión del mercado de vivienda sin que los jueces puedan tomar siquiera en consideración la situación en que quedan las personas que van a ser desalojadas.

Como hemos denunciado ante miles de desahucios desde 2009, en España se produce una violación estructural del Derecho a la Vivienda reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y la propia Constitución de 1978, con daños sociales irreparables en los sectores más vulnerables.

Este panorama dantesco de emergencia social ha llevado a la PAH y al movimiento por la vivienda a organizarse para detener miles de desalojos forzosos y recuperar miles de viviendas vacías de entidades financieras para convertirlas en hogares. Haciendo este camino hemos comprobado que la lucha por el Derecho a la Vivienda pone en relación los derechos de hipotecados, endeudados, desahuciados, alquilados, precarios, ocupantes sin título, habitantes de autoconstrucciones, personas sin techo, uniéndonos a todas frente a los abusos de un mercado de vivienda despiadado[2].

En este sentido, la victoria de la familia madrileña que ha denunciado al Estado y conseguido su condena, es también una victoria de todo el movimiento, que nos reafirma en nuestras razones y convierte en más necesarias que nunca las campañas de desobediencia civil (Stop Desahucios, Obra Social PAH) y las propuestas de cambio (ILPs autonómicas, Ley de Vivienda Estatal de la PAH).

A partir de septiembre se tiene que discutir en el Congreso nuestra propuesta de Ley de Vivienda que incluye varias de las recomendaciones de Naciones Unidas. En ese marco, desde la PAH exigiremos a todos los diputados que se posicionen respecto del cumplimiento de Derechos Humanos en materia de vivienda como hemos reclamado cada día en las calles.

¡No soportamos más violaciones de Derechos Humanos!

¡No toleramos ni un desahucio más!

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 6 de julio de 2017.

[1] Naciones Unidas señala como especialmente sangrante la inacción de las autoridades autonómicas madrileñas que alegaron no disponer de viviendas suficientes para proteger a esta familia ( y a otras miles de familias desahuciadas en Madrid), cuándo al mismo tiempo se vendía el parque de vivienda pública a fondos buitre de capital internacional. Ver dictamen, párrafo 17.

[2] El Gobierno de España, a través de su representación ante Naciones Unidas, había alegado que los casos de alquiler entre particulares son una cuestión ajena a la responsabilidad del Estado, que no puede interferir en asuntos “privados”. También negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos.