El 15 de septiembre de 2016, ALOKABIDE-GOBIERNO VASCO desahuciaban a ANASTASIA Y SUS DOS HIJOS de su vivienda habitual, por impago de alquiler. Un desalojo radicalmente injusto, que supuso una violación grave del derecho fundamental a una vivienda adecuada, tal y como ha establecido el Dictamen de NU de junio 2017, de la proporcionalidad debida como exigencia de la tutela de derecho a la inviolabilidad del domicilio, y de la Convención del Niño de 1989, con grave perjuicio para los menores. Un desahucio ejecutado con desprecio a los acuerdos suscritos en 2013 por el GV con ayuntamientos y juzgados, y contrario a los acuerdos de JUNTAS GENERALES DE ARABA y AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ, declarando nuestro territorio ESPACIO LIBRE DE DESAHUCIOS.
Un año después, en pleno agosto, el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL GV nos comunicaba la aplicación de la LEY “MORDAZA” a seis integrantes de STOP DESAHUCIOS, bajo la acusación de “obstrucción a la autoridad”, a pesar de que en junio el PV había acordado no aplicar esta ley “por vulnerar derechos fundamentales”.
La acusación de dos agentes de la Ertzaintza, repetida en cada uno de los seis expedientados, diciendo que hubo que retirarlos de la puerta del domicilio por la fuerza, es claramente un montaje policial, probablemente por decisión política, ya que la identificación de los seis acusados se hizo antes de que se iniciara la concentración, y mucho antes de la intervención policial, y no participaron en la resistencia que se opuso.
Desde el inicio de la estafa inmobiliaria ha habido cientos de miles de desahucios que hoy sabemos que fueron injustos, en base a cláusulas abusivas hoy declaradas nulas por los tribunales. Durante estos años hemos desobedecido leyes injustas, parando miles de desalojos, mientras veíamos como se incumplían todas las leyes relativas al derecho a la vivienda y a la prevención de desahucios forzosos. La LEY “MORDAZA”, impuesta por el PP en 2015, fue la respuesta del poder económico y político a esta lucha. Es nuestra obligación por tanto denunciar la REPRESION y la CRIMINALIZACION de las protestas sociales por quienes quieren seguir con sus privilegios y con el saqueo de las arcas públicas.
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