REUNION STOP DESAHUCIOS EUSKADI CON AREA JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO

REUNION DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI CON EL AREA DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA DEL GV (17/1/2019)

Asisten la Viceconsejera de Justicia, la Directora de Justicia, y la Directora para la Modernización de la Oficina Judicial y Fiscal.

STOP DESAHUCIOS EUSKADI informamos de la actual situación de aumento de los desahucios, especialmente los relacionados con el alquiler en el sector privado, y el probable agravamiento de la situación con nuevas ejecuciones hipotecarias cuando el TJUE se pronuncie sobre la cláusula de vencimiento anticipado y el Senado apruebe la nueva reforma hipotecaria. Informamos también de la reunión con el PRESIDENTE DEL TSJPV y con el ARARTEKO, y del incumplimiento del DICTAMEN DEL COMITÉ DESC DE NU, de junio de 2017, expresamente las medidas exigidas por este Comité para que los jueces conozcan las repercusiones de los desalojos forzosos que acuerden, para que haya coordinación efectiva y servicios sociales de la administración, y para que las administraciones dispongan de viviendas para emergencias habitacionales, a fin de dar cumplimiento al DICTAMEN que expresamente considera violación grave de un derecho fundamental el desalojo forzoso sin previa alternativa habitacional, especialmente si hay mujeres, niños, mayores, o discapacitados, afectados.

Tras un intercambio de ideas sobre la problemática de los desahucios se concluye lo siguiente:

1.- El nuevo CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GV, CGPJ, y EUDEL que sustituirá al firmado en 2013, esta muy avanzado. Esta liderado por el Departamento de Vivienda, y participa el Área de Justicia y el Àrea de Políticas Sociales del GV, y EUDEL. Aunque la representación judicial no ha acudido a ninguna de las reuniones, el CONSEJO PERMANENTE DEL CGPJ ha autorizado el nuevo convenio. STOP DESAHUCIOS les hemos solicitado que nos proporcionen el borrador para hacer aportaciones.

2.- Dentro de sus competencias, están de acuerdo en revisar y mejorar todos los canales de información existentes en relación con los procedimientos que pueden acabar en desahucio, y específicamente con la elaboración de un díptico informativo sobre aspectos básicos, que podría ir acompañando a la comunicación de la demanda, y que simplificaría la información a las personas afectadas en relación a la justicia gratuita, servicios sociales básicos, y contacto con organizaciones sociales de referencia.

3.- Consideran fundamental que se mejore la formación de letrados, procuradores, y jueces en relación con los protocolos de actuación en materia de desahucios. En este sentido, propondrán a los organismos judiciales competentes y a los Colegios de Abogados la inclusión de la problemática de los desahucios en los cursos de formación que se programen.

4.- Consideran que la Ley de Protección de Datos no tiene que representar ningún problema para que los juzgados de primera instancia soliciten de oficio, en los procedimientos que pueden finalizar en lanzamiento o desahucio, un informe de los servicios sociales, a fin de conocer si los afectados son o no personas o colectivos vulnerables. Actualmente los juzgados ya están recabando información de las administraciones en relación a personas incursas en procedimientos judiciales, específicamente en el área penal y en el de familia. En este sentido, se apunta que si hubiera dudas siempre se puede consultar con laAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS.

5.- En estos momentos están a la espera de un informe del CGPJ relativo al formulario a introducir en el sistema informático judicial, para solicitar de los servicios sociales de los ayuntamientos informes de vulnerabilidad y alternativas habitacionales en relación a colectivos cuya vulnerabilidad haya resultado acreditada.

Compartimos que uno de los problemas esenciales es que los jueces sean sensibles a la problemática de los desahucios, que todas las administraciones con competencias en materia de vivienda se coordinen entre ellas y con los juzgados, y que se garantice una alternativa habitacional previa a personas y colectivos vulnerables que vayan a ser desahuciados de su vivienda habitual tal y como exige el DICTAMEN DEL COMITE DESC DE NACIONES UNIDAS.