ENTRE TODAS LAS ADMINISTRACIONES LE MATARON Y EL SÓLO SE MURIÓ
Esta semana hemos conocido la muerte por parada cardiaca el 8 de septiembre de KOLDO ARRIBILLAGA en el HOSPITAL DE TXAGORRITXU de VITORIA-GASTEIZ. KOLDO tenía 55 años, una minusvalía del 70%, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas cardiovasculares, y anemia. Lo que no tenia era una vivienda, ni siquiera una habitación, y como muchas otras personas en nuestra ciudad, malvivía en una lonja que no reunía condiciones de habitabilidad. Cuando le diagnosticaron estenosis aórtica el año pasado, operación de riesgo agravada por el EPOC, OSAKIDETZA condicionó la intervención quirúrgica para sustituir la válvula aórtica a que dispusiera de una vivienda adecuada.
Cuando la madre de KOLDO, con la que vivía, fue desahuciada en julio de 2019, porque su vivienda habitual era la garantía hipotecaria de un préstamo familiar que no se pudo pagar, KOLDOquedó en la calle, y cuando acudió a los servicios sociales le recomendaron que buscara un alojamiento privado. Desgraciadamente, este desahucio, como muchos otros, fue aceptado en silencio porque el poder financiero, sus cómplices políticos, y sus ejecutores judiciales, han conseguido que muchas personas y familias desahuciadas se sientan culpabilizadas ante la sociedad en lugar de enfrentarse y visibilizar un problema que es social y consecuencia de la especulación inmobiliaria y los abusos bancarios.
KOLDO acudió a la asamblea de KALERATZEAK STOP el 29 de junio de este año, acompañado por una trabajadora sanitaria de TXAGORRITXU, cuando ya había denunciado su situación desesperada pública e institucionalmente, hasta en la COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES del AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ. YERAY y BLANCA, activistas de STOP que le acompañaron el uno de julio al CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO, recuerdan la impotencia ante una administración incapaz de coordinarse con los servicios sociales de TXAGORRITXU y ETXEBIDE, y reaccionar ante una emergencia habitacional en la que estaba comprometida una vida humana. KOLDO aceptó el inicio de trámites para conseguir un apartamento tutelado, le asignaron una educadora social para que consiguiera el Bono-taxi y le valoraran oficialmente una discapacidad del 70%, y para ayudarle en el recurso interpuesto frente a la multa de 600 euros que le había impuesto la POLICÍA MUNICIPAL por vivir en la lonja.
Esta “muerte anunciada” no es consecuencia de una desgracia imprevisible sino el cruel resultado de una política de vivienda decidida por la mayoría del GOBIERNO VASCO, y ejecutada dócilmente por una minoría socialista que ha sacrificado la LEY DE VIVIENDA VASCA, que tantas expectativas levantó hace seis años, en el altar de intereses privados.
Es público el grave problema de la vivienda en nuestra ciudad, y la falta de sensibilidad del actual ALCALDE y del CONCEJAL DE POLÍTICAS SOCIALES, quienes alegan, a sabiendas de que es falso, que el ayuntamiento no tiene competencias. Los recursos de emergencia del ayuntamiento están saturados o son escasos, y todos los días los juzgados decretan el desahucio de personas o familias vulnerables que se ven obligadas a vivir como pueden, en sitios insalubres e inadecuados, porque no se garantiza su derecho a una vivienda digna. Dice el Alcalde: “todavía hay bolsas de pisos de protección oficial inactivas”, para justificar que el ayuntamiento no haga nada con los pisos vacíos que incumplen su función social, incluidos los del propio ayuntamiento, y para anunciar que el patrimonio público de suelo urbano que se va a recuperar, por demolición de OLARIZU o recompra en LARREIN-ARETXABALETA, servirá para construir vivienda libre pero no pisos de alquiler social.
Cuando la vivienda ha sustituido al empleo como principal factor de exclusión social, cuando la pandemia ha demostrado que tener un techo es un pilar fundamental para la vida, y cuando la vivienda es un recurso básico y un derecho fundamental del que dependen otros derechos como los de los menores, los sanitarios como ha ocurrido con KOLDO, o los educativos, apostar nuevamente por el ladrillo y negarse a desarrollar la LEY DE VIVIENDA no representa los intereses y las necesidades de la ciudad, y es responsable del sufrimiento de miles de personas y familias cuyos derechos son pisoteados cada día.
GOBIERNO VASCO (OSAKIDETZA-ETXEBIDE), y el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, tienen que dar explicaciones de esta muerte que pudo y debió ser evitada, y asumir que hay una emergencia habitacional en nuestra ciudad que exige medidas urgentes y suficientes y la participación de la sociedad civil.
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