FIRMADA HOY POR FIN LA PRORROGA DEL CONTRATO DE ALQUILER DE Mª ANGELES TRES AÑOS DE LUCHA CONTRA LA ARBITRARIEDAD Y LA INJUSTICIA ¡MARIA ANGELES SE QUEDA¡. UNA VICTORIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL

En marzo de 2014 ALOKABIDE comunicó a MARIA ANGELES que no le prorrogaban el contrato por “continuos y reiterados incumplimientos contractuales (distintos de la estricta obligación de pago) que se desprenden de un INFORME  emitido desde el área social de la sociedad pública ALOKABIDE, que hace aconsejable una no renovación del citado contrato”.

MARÍA ÁNGELES interpuso una demanda judicial, y reclamó el INFORME por el cual la echaban de su vivienda habitual. En enero de 2015 el Juzgado la comunicó que el día 29 la iban a desahuciar, a pesar de que no había una resolución judicial firme. LA DENUNCIA PÚBLICA Y LA PRESIÓN SOCIAL OBLIGARON AL JUZGADO A SUSPENDER EL DESAHUCIO. En mayo de 2015, después de un año de reclamar el INFORME de ALOKABIDE, consiguió que se lo dieran.

EL INFORME ESTABA BASADO EN DENUNCIAS ANÓNIMAS QUE MARÍA ÁNGELES DESCONOCIA POR LO QUE NO HABÍA PODIDO DEFENDERSE.

El Informe recogía generalidades: “múltiples llamadas del entorno vecinal”, “comportamientos incívicos y conflictivos”, ydenuncias anónimas falsas: “Testimonios que indican que se ejercen Actividades Ilícitas relacionadas con estupefacientes…Amenazas a niños que juegan en la calle, rotura y destrozos de puertas y elementos de las zonas comunes, perros que ladran, locales y lonjas ocupadas, subarriendos……….”. ACUSACIONES GRAVES QUE DEBIERON SER DENUNCIADAS EN EL JUZGADO EN SU MOMENTO, Y CONTRASTADAS POR ALOKABIDE CON LA INTERESADA. NO CONSTA, SIN EMBARGO, NINGÚN TIPO DE ACTUACIONES. UN PROCEDER INADMISIBLE EN CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

MARÍA ÁNGELES presentó, en ALOKABIDE, DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VIVIENDA, Y GOBIERNO VASCO, 360 firmas de vecinos apoyándola, y más de 40 cartas firmadas, de vecinos y de servicios como correos o limpiadoras, diciendo que el INFORME DE ALOKABIDE ERA TODO UNA MENTIRA. En sus alegaciones decía María Ángeles: “Lean lo que opina el cartero, el tendero donde hago las compras, lo que opinan los vecinos del barrio de una forma sincera, “persona que ayuda al vecindario, que es educada, que muestra cariño a los niños, solidaria, de buen corazón etc..”. Un vecino decía: “me recuerda a la caza de brujas de la Inquisición, unos chismes y a la hoguera”. NUNCA RESPONDIERON NADA.

En junio de 2016, nuevamente el JUZGADO COMUNICA EL DESAHUCIO PARA EL 4 DE JULIO, a pesar del recurso ante el Tribunal Supremo, en base al derecho fundamental a la vivienda y a no ser desalojada sin alternativa habitacional. Medio centenar de personas; de STOP DESAHUCIOS de Araba, Gipuzkoa, y Bizkaia, de otras organizaciones sociales, de cargos institucionales de BILDU, PODEMOS, e IRABASI, y de vecinos, nos concentramos en Abetxuko para impedir y denunciar el desahucio. SE CONSIGUE UNA SEGUNDA SUSPENSIÓN DEL DESAHUCIO.

La presión social, y el deficiente funcionamiento de los tribunales, abrirían un paréntesis hasta abril de este año. POR TERCERA VEZ, el Juzgado fija el desahucio para el 7 de abril 2017. Y esta vez SI, esta vez, por diversas circunstancias; la denuncia pública, el apoyo de la Asociación de Vecinos de Abetxuko a María Ángeles, y  el cambio de responsables en la Viceconsejería de Vivienda, ahora gestionada por el PSE-EE, consiguen que ALOKABIDE retire la demanda de los juzgados y se le haga a MARIA ANGELES un nuevo contrato manteniéndola en su vivienda habitual, UN CONTRATO QUE SE HA FIRMADO, POR FIN, ESTE MARTES CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2017.

LA LUCHA SIGUE; ALOKABIDE-GV debe establecer una NORMATIVA ADMINISTRATIVA distinta de la LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS para gestionar el parque público de viviendas de alquiler, ALOKABIDE-GV debe ser transparente, y aclarar cuales son los criterios de rotación de las viviendas de alquiler que gestionan. ALOKABIDE-GV no puede dar por finalizado un contrato, dejando a las personas en la calle, en base a informes por denuncias anónimas en los que el afectado no ha tenido derecho de defenderse.

EL GOBIERNO VASCO APLICA LA LEY MORDAZA A SEIS ACTIVISTAS DE KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS ARABA, UNO DE ELLOS CARGO PUBLICO, POR OPONERSE AL DESALOJO POR ALOKABIDE DE ANASTASIA Y SUS DOS HIJOS MENORES

EL GOBIERNO VASCO APLICA LA LEY MORDAZA A SEIS ACTIVISTAS DE KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS ARABA, UNO DE ELLOS CARGO PUBLICO, POR OPONERSE AL DESALOJO POR ALOKABIDE DE ANASTASIA Y SUS DOS HIJOS MENORES

NO VAMOS A PAGAR Y SI VAMOS A RECURRIR Y LUCHAR PARA QUE ARCHIVEN ESTE EXPEDIENTE

El 15 de septiembre del año pasado KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS decidimos apoyar a ANASTASIA y sus dos hijos menores de edad, que iban a ser desahuciados de su vivienda habitual en ZABALGANA (VITORIA-GASTEIZ).  El JUZGADO, a instancias de ALOKABIDE, había ordenado el desahucio sin que hubiera una alternativa habitacional para esta familia, y el AYUNTAMIENTO sólo les ofrecía el ALBERGUE MUNICIPAL, que encima estaba lleno en esas fechas.

La concentración, debidamente comunicada, para denunciar una violación grave del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, que exige que no haya ningún desalojo sin previa alternativa habitacional, tal y como acaba de sentenciar el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NACIONES UNIDAS el pasado 20 de junio, y para reclamar de ALOKABIDE-GOBIERNO VASCO que dejasen de desahuciar por incapacidad de pago a colectivos vulnerables con menores implicados, fue contestada con una violenta represión policial ante la actitud pacífica y de desobediencia pasiva de los concentrados, cien personas, entre ellas representantes públicos del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales de Araba y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Sirvió, sin embargo, para que el Ayuntamiento, a última hora ese mismo dia, alojase a la familia en un Apartamento de Acogida, y para que en enero de este año se firmase un acuerdo GV-EUDEL para prevenir los desahucios en ALOKABIDE, reconociendo el papel de las plataformas antidesahucios en la lucha contra los desalojos de viviendas públicas.

Casi un año después, en plenas vacaciones de agosto, el GOBIERNO VASCO aplica la “LEY MORDAZA” a seis activistas de KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS, KOLDO, MARIA ANGELES, GATO, GORKA, OLGA e ISABELINO, uno de ellos cargo público,  acusándoles de “OBSTRUCCIÓN A LA AUTORIDAD” el dia del desahucio, e imponiéndoles una multa de 602 euros a cada una de ellas.

El 22 de junio del año pasado, el PARLAMENTO VASCO aprobaba, con el voto favorable de PNV, PSE-EE, BILDU, y PODEMOS, el rechazo de la “LEY MORDAZA”, por “vulnerar derechos fundamentales”. Se comprometían, además, a no aplicar la ley en Euskadi, denunciar públicamente su aplicación, y solidarizarse “con la persona afectada”.

Sin embargo, desde entonces el GV (PNV-PSE) no ha dejado de imponer sanciones por la “Ley Mordaza”, habiendo abierto ya miles de expedientes (4.550) por denuncias de la ERTZAINTZA , la última conocida a un periodista de Hala Bedi por informar de la intervención policial en ERREKALEOR. Una consecuencia de la “LEY MORDAZA” que facilita EL ABUSO POLICIAL al otorgar a sus denuncias “presunción de veracidad”.

UNA INDEFENSIÓN JURÍDICA CLARA, DADO QUE EN LOS TRIBUNALES TENDRIAN QUE PROBAR NUESTRA CULPABILIDAD Y CON ESTA “LEY MORDAZA” SOMOS LOS DENUNCIADOS LOS QUE TENEMOS QUE PROBAR NUESTRA INOCENCIA.

En cualquier caso, la criminalización de las acciones pacíficas de KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS, para defender nuestro DECALOGO CONTRA LOS DESAHUCIOS, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD E IMPEDIR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, no van a impedir las acciones que hagan visibles las injusticias y nuestras propuestas.

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE NOS APOYAIS A ESTAR ATENTOS DADO QUE TODAVIA NO HAN COMUNICADO A TODOS LOS EXPEDIENTADOS LA PROPUESTA DE SANCION.

EN SU MOMENTO, SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE, HAREMOS UNA DENUNCIA PUBLICA Y RECABAREMOS LA SOLIDARIDAD PARA QUE EL GV ARCHIVE ESTE EXPEDIENTE, DENUNCIE LA LEY MORDAZA, Y CUMPLA EL GRITO UNANIME DE AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS GENERALES DECLARANDO EUSKAL HERRIA TERRITORIO LIBRE DE DESAHUCIOS

COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GV

STOP DESAHUCIOS EUSKADI INSTA AL GV A NO RETRASAR MAS EL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE VIVIENDA, AUMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDAS PUBLICAS DE ALQUILER, TOMAR MEDIDAS PARA FRENAR EL AUMENTO DE PRECIO DE LOS ALQUILERES, Y ACABAR CON LOS DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

 

STOP DESAHUCIOS EUSKADI consideramos positivo que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO envíe3.410 cartas a demandantes de vivienda inscritos enETXEBIDE en aplicación de la Ley de Vivienda aprobada en junio de 2.015, pero no entendemos que se haya esperado año y medio cuando la inscripción en ETXEBIDEexige declarar los miembros de la unidad familiar y los ingresos anuales. 

En cualquier caso, sorprende que tan pocas familias cumplan los requisitos, incluso sin considerar la maniobra del GV, justo el año anterior a la aprobación de la ley (2014), de dar de baja en el registro deETXEBIDE a 48.061 inscritos, mediante edictos y sin comunicación individual, actuación cuestionada por tribunales y ARARTEKO. Según el OVV (Observatorio Vasco de Vivienda) la mitad de los demandantes de alquiler dados de baja desconocían este hecho y las consecuencias, dado que perdían su antigüedad para cumplir el requisito de cuatro años previsto en la disposición transitoria cuarta de la ley.  

Es inadmisible, además, que el GV este retrasando el desarrollo de la ley cuando actualmente hay 44.000 solicitantes de alquiler inscritos en ETXEBIDE, y de ellos 29.000 están percibiendo una prestación de 250 euros mensuales, una cuantía que sustituye al derecho a una vivienda y es totalmente insuficiente en un mercado libre de alquileres cuyos precios se están disparando.

Han transcurrido ya seis de los nueve meses de plazo que el PV dio alDEPARTAMENTO DE VIVIENDApara que debatiese con las organizaciones sociales elREGLAMENTO DEL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA y la prestación económica sustitutoria. Hasta ahora no se ha hecho nada, a pesar de que el gobierno tiene las propuestas de STOP DESAHUCIOS EUSKADI desde febrero. Mientras tanto, crecen los desahucios, especialmente en viviendas de alquiler, sin que las administraciones públicas garanticen para los colectivos vulnerables una alternativa habitacional, violando así gravemente un derecho fundamental de las personas, tal y como acaba de sentenciar la ONU en su Dictamen de junio.

La vivienda es un derecho fundamental de la personas y es necesario que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA, mas allá de la propaganda, se enfrente a la actual emergencia habitacional y tenga en cuenta a los colectivos que día a día tenemos que enfrentarnos a sus consecuencias.

27 de julio de 2017

 

KOMUNIKABIDEEI ZUZENDUTAKO OHARRA

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAK EUSKO JAURLARITZARI DEI EGITEN DIO BEHARREZKOAK DIREN ARAUDI BERRIAK GEHIAGO EZ ATZERATZEKO. ETXEBIZITZA LEGEAREN GARAPENA, ALOKAIRURAKO ETXEBIZITZA PUBLIKOEN PARKEA HANDITZEA, ALOKAIRUEN PREZIOEN IGOERA KONTROLATZEKO NEURRIAK HARTZEA ETA ORDEZKO ETXEBIZITZARIK GABEKO ETXEGABETZEAK AMAITZEA LORTZEKO ARAUDIA EMAN BEHAR DA ATZERAPEN GEHIAGO GABE.

EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMAN baikortzat jotzen dugu EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILAK, 2015ean onartutako Etxebizitza Legea aplikatze aldera, ETXEBIDE programan izena emanda ekatzaileak diren kideei 3.410 gutun bidali izana. Hala ere ez dugu ulertzen zergatik itxaron den urte eta erdi horretarako, batez ereETXEBIDE-n izena emateko unitate familiarreko kideak eta urteko sarrerak deklaratzea beharrezkoa denean.

Dena den, beharrezko baldintzak horren familia gutxik betetzeak bere arrazoi du. Izan ere eusko jaurlaritzak, legea onartu baino urtebete lehenago (2014), ETXEBIDE-ko 48.061 kideri harpidetza kendu zien legezko abisuaz, banakako komunikaziorik gabe. Jokabide hau kolokan jarri dute bai tribunales bai ARARTEKOberak ere, besteak beste.Euskal etxebizitza Behatokiaren arabera eskatzaileen erdiak ez zekien harpidetza galdu zuenik, ez eta horren ondorioz legeak laugarren xedapen iragankorrean baldintza bezala eskatzen duen lau urteko itxaronaldian zuten antzinatasuna galtzen zutenik.

Onartezina da Eusko jaurlaritza legearen garapena atzerarzen aritzea, ETXEBIDEbertan 44.000 eskatzaile daudenean, horietatik 29.000 250 euroko laguntza jasotzen ari direlarik. Laguntza horrek etxebizitzarako eskubide subjektiboa ordezkatzen duela suposatzen da, alokairuen gorakada jasaten ari den merkatu pribatuan hileko 250 eurorekin ezer gutxi egin dezakezun arren.

EUSKO JAURLARITZAK 9 hilabeteko epea eman zionETXEBIZITZA SAILARI elkarte sozialekin ETXEBIZITZAESKUBIDERAKO ARAUDIA eta hau ordezkatzeko prestazio ekonomikoa eztabaidatzeko. 9 horietatik 6 hilabete pasa dira eta ez da ezer egin, jaurlaritzakEUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMARENproposamena otsailetik dituen arren. Bien bitartean etxegabetzeak areagotzen ari dira, alokairuko etxeetan batez ere. Egoera horren aurrean administrazio publikoak ez dira ordezko etxebizitza ziurtatzen ari kolektibo babesgabeei, horien funtsezko eskubide bat bortxatuz, NBE-k bere ekaineko ebazpenean dioen bezala.

Etxebizitza eskubidea funtsezko ekubide bat da eta behar-beharrezkoa daETXEBIZITZA SAILAK, propagandatik haratago, esku artean dugun bizitoki faltaren larrialdiari aurre egitea. Horretarako oinarrizkoa da egunerokoan larrialdi horren ondorioekin lan egiten dugun kolektibook

COMUNICADO DICTAMEN ONU VIOLACION DERECHOS HUMANOS DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAREN ADIERAZPENA ALOKAIRUA EZIN ORDAINTZEAGATIK ETA ORDEZKO BIZITOKIRIK GABE ETXEGABETUAK IZAN DIRENEN INGURUAN

NBE-K ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN NAZIOARTEKO HITZARMENAREN BORTSAKETATZAT JO DU ORDEZKO BIZITOKIRIK EZ DUEN KOLEKTIBO BABESGABEAREN ETXEGABETZEA, ETA ETORKIZUNEAN ANTZEKORIK GERTA EZ DADIN NEURRIAK HARTZEKO BETEBEHARRA GOGORARAZI DU

NAZIO BATUEN ERAKUNDEKO ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN KOMITEAREN ebazpena publiko egin berri da; 2017ko ekainaren 20an data duena. Bertan, Mohamed Ben Djazia Bourmouz, Naouel Bellili eta bere adin txikiko bi semeen etxegabetzeaz aritzen da. Horren arabera, alokairu pribatuko etxebizitza batetik egindako etxegabetze hori, ``kanporatuek ordezko bizitoki bat eskura zutenaren baieztapena izan gabe, HORIEK BEHAR BEZALAKO BIZITOKI BATERAKO DUTEN ESKUBIDEAREN BORTSAKETA DA´´.

Bere TXOSTENEAN, NBE-ek sei hilabeteko epea ematen dio Estatu espainiarrari pertsona etxegabetuei ordezko etxebizitza bat eman diezaien; ume, zahar edo bestelako pertsona babesgabak dauden kasuetan bereziki. Era berean, etxegabetze prozesuetan epaileak bere erabakiaren ondorioak kontuan izan behar ditzan neurri legegile edo administratiboak har ditzan zein epaile eta zerbitzu sozialen arteko koordinazio arazoak konpon daitezen ere sei hilabete horiek izango ditu.

NBE-ren EBAZPENAK, alokairuko etxebizitza publiko zein pribatu denei eragiten dienak, larrialdiko neurriak hartzera behartzen du. Hau justu orain, ETXEGABETZEAK STOP-etik Euskadin ematen ari den alokairuko etxegabetzeen gorakada kezkagarria salatzen ari garenean, gertatu da. Aurtengo 326 etxegabetzeetatik 217 izan dira alokairua ez ordaintzeagatik. Lehenbailehen erreformatu beharra dago LAU-n (hiriko errentamenduen legea) bertan adierazten den ``etxegabetze express´´ delakoa, horrek errentaren ordainketa oztopatu baino ez baitu egiten. Bestetik alokairu sozialeko etxebizitzak behar dira, gaur egun iha existitzen ez direnak; ehun etxebizitzatik bat baino ez baita halakoa. Egoera honen ondorio da etxebizitza kopuru handien jabeak espekulazioan aritzea, eta fenomeno hau gero eta zabalduagoa izatea.

EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP-etik Eusko Jaurlaritzari, otsailean etxebizitzaren inguruko gure proposamenak jada aurkeztu genizkionak, neurri azkar eta eraginkorrak har ditzan eskatzen diogu ordezko bizitokirik gabekoen etxebizitzarik egon ez dadin. Eta orokorrean, etxebizitza duin baterako oinarrizko giza eskubidea berma dadila eskatzen diogu.

COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LOS DESAHUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILER SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

LA ONU ACABA DE CONSIDERAR VIOLACION DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EL DESAHUCIO DE UN COLECTIVO VULNERABLE POR IMPAGO DE ALQUILER POR NO EXISTIR PREVIAMENTE UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL, Y RECUERDA LA OBLIGACION DE PREVENIR VIOLACIONES SIMILARES EN EL FUTURO

Se acaba de hacer público el DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS, de fecha 20 de junio de 2017, resolviendo que el desalojo de Mohamed Ben Djazia Bourmouz y Naouel Bellili, y sus dos hijos menores, de una vivienda de alquiler privado, “sin que existiera una confirmación de la disponibilidad de vivienda alternativa, CONSTITUYE UNA VIOLACION DEL DERECHO DE LOS AUTORES A UNA VIVIENDA ADECUADA”.

En su DICTAMEN la ONU da un plazo de seis meses para que en el estado español se proporcione a las personas desalojadas una vivienda alternativa, especialmente si hay personas mayores, niños, u otras personas vulnerables, se adopten medidas legislativas o administrativas para que en los procesos de desalojo de inquilinos el juez deba considerar las consecuencias, y se resuelvan los problemas de coordinación entre los jueces y los servicios sociales.

EL DICTAMEN de la ONU, referido a todas las viviendas de alquiler, públicas o privadas, obliga a tomar medidas urgentes, justamente ahora, cuando STOP DESAHUCIOS acabamos de denunciar el alarmante aumento de los desahucios por impago de alquileres en Euskadi, 217 de los 326 en el primer trimestre de este año. Con carácter prioritario hay que reformar el llamado “desahucio express” previsto en la LAU, que solo permite discutir el pago de la renta, y aumentar el parque de viviendas de alquiler social, actualmente insignificante, sólo una vivienda social de cada cien. Esta situación es responsable de la creciente especulación de los alquileres por los grandes tenedores de vivienda.

STOP DESAHUCIOS EUSKADI exigimos al GV, al que ya presentamos nuestras propuestas sobre la vivienda por escrito en febrero, que tome medidas urgentes y efectivas para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional, y especialmente para que se garantice el derecho humano fundamental a una vivienda digna. 

EL ESTADO ESPAÑOL COMETE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON CADA DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

Ante el Dictamen de Naciones Unidas sobre desahucio de alquiler en España. No toleramos ni un desahucio más.

Ayer conocimos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha declarado que el desalojo sin alternativa habitacional de personas en procedimientos de alquiler, bajo su actual regulación, constituye una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. El Comité juzgaba un caso de desahucio por extinción de contrato de alquiler de habitación, ocurrido en 2013 en el barrio de Tetuán de Madrid, que terminó con una familia con cuatro miembros durmiendo en un coche. Ni los Servicios Sociales municipales, ni el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) [1]., ni el propio Juzgado, impidieron el desahucio ni tampoco proveyeron de una vivienda para una unidad familiares con dos niños de 1 y 3 años de edad. En sus conclusiones, Naciones Unidas declara producida una violación por parte del Estado, ordena la reparación del daño causado a la familia e insta al Gobierno a remitir un plan de reforma profundo en materia de alquiler y vivienda en un plazo de 6 meses pues aprecia una situación de violación estructural.

Podéis consultar la decisión en este enlace.

Las conclusiones de Naciones Unidas apuntan a responsabilidades estatales con implicaciones para todos sus estamentos, desde los servicios sociales municipales, incapaces de atender algo tan básico como el techo de una familia, hasta el Congreso de los Diputados, responsable de una legislación procesal que convierte las sedes judiciales en oficinas de gestión del mercado de vivienda sin que los jueces puedan tomar siquiera en consideración la situación en que quedan las personas que van a ser desalojadas.

Como hemos denunciado ante miles de desahucios desde 2009, en España se produce una violación estructural del Derecho a la Vivienda reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y la propia Constitución de 1978, con daños sociales irreparables en los sectores más vulnerables.

Este panorama dantesco de emergencia social ha llevado a la PAH y al movimiento por la vivienda a organizarse para detener miles de desalojos forzosos y recuperar miles de viviendas vacías de entidades financieras para convertirlas en hogares. Haciendo este camino hemos comprobado que la lucha por el Derecho a la Vivienda pone en relación los derechos de hipotecados, endeudados, desahuciados, alquilados, precarios, ocupantes sin título, habitantes de autoconstrucciones, personas sin techo, uniéndonos a todas frente a los abusos de un mercado de vivienda despiadado[2].

En este sentido, la victoria de la familia madrileña que ha denunciado al Estado y conseguido su condena, es también una victoria de todo el movimiento, que nos reafirma en nuestras razones y convierte en más necesarias que nunca las campañas de desobediencia civil (Stop Desahucios, Obra Social PAH) y las propuestas de cambio (ILPs autonómicas, Ley de Vivienda Estatal de la PAH).

A partir de septiembre se tiene que discutir en el Congreso nuestra propuesta de Ley de Vivienda que incluye varias de las recomendaciones de Naciones Unidas. En ese marco, desde la PAH exigiremos a todos los diputados que se posicionen respecto del cumplimiento de Derechos Humanos en materia de vivienda como hemos reclamado cada día en las calles.

¡No soportamos más violaciones de Derechos Humanos!

¡No toleramos ni un desahucio más!

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 6 de julio de 2017.

[1] Naciones Unidas señala como especialmente sangrante la inacción de las autoridades autonómicas madrileñas que alegaron no disponer de viviendas suficientes para proteger a esta familia ( y a otras miles de familias desahuciadas en Madrid), cuándo al mismo tiempo se vendía el parque de vivienda pública a fondos buitre de capital internacional. Ver dictamen, párrafo 17.

[2] El Gobierno de España, a través de su representación ante Naciones Unidas, había alegado que los casos de alquiler entre particulares son una cuestión ajena a la responsabilidad del Estado, que no puede interferir en asuntos “privados”. También negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos.