lunes, 30 de junio de 2014

KUTXABANK PRIBATIZAZIORIK EZ!















Sentencia que tiene en cuenta el carácter social del alquiler

J.A. firmó la prorroga de un contrato de alquiler de vivienda pública gestionada por Alokabide en febrero de 2012 y para el calculo de la renta de alquiler ( 353,88 euros mensuales) le tuvieron en cuenta la declaracion de la renta de 2010 que reflejaba unos ingresos de 17.000 euros. El contrato que firmó en febrero de 2012 era para cinco años y segun la normativa la renta de alquiler no se revisaría en toda la vida del contrato. Jon Ander el año 2012 tuvo unos ingresos de 2900 euros, y siguió pagando la misma renta de alquiler, y en 2013 unos ingresos de 6.192 euros. Durante el ultimo trimestre de 2012 intentó que Alokabide tuviera en cuenta su situación pero no le hicieron caso y en marzo de 2013 dejó de pagar la renta de alquiler. Como consecuencia ALOKABIDE inicio un procedimiento judicial de desahucio y el Juzgado de 1ª Instancia nro. 1 de Vitoria Gasteiz dicto el 11 de febrero una sentencia por la que se desahuciaba a Jon Ander y se le obligaba a pagar los 5000 euros de deuda.

Como consecuencia del recurso ahora la AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALAVA dicta una Sentencia por la que REVOCA la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nro. 1 de Vitoria-Gasteiz y desestima la DEMANDA inicial promovida por ALOKABIDE. La argumentación fundamental es que las viviendas de proteccion oficial estan reguladas por normas administrativas y por lo tanto la determinacion de la renta no es el resultado de la libre concurrencia entre las partes sino una cuestion de orden publico que ya viene reconocida ademas en la Disposicion Adicional 1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que considera nulas las clausulas que establezcan rentas superiores a las maximas autorizadas. En este caso no se aceptan los estrictos limites de la ley del "desahucio express" que solo permite discutir si se pago o no la deuda y ninguna cuestion mas. 

Esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Alava le dice a Alokabide que no debe seguir funcionando como una empresa privada y que esta gestionando viviendas sociales, y les dice a los Juzgados de 1ª Instancia que cuando se trate de desahuciar a un inquilino de viviendas de protección oficial deben tener en cuenta toda la normativa que regula los alquileres de las viviendas sociales. 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Audiencia-Gobierno-desahucio-alquiler-social_0_276473083.HTML

http://www.gasteizhoy.com/alokabide/

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/mapjl/legislacion/noticias/5908490/07/14/Anulado-un-desahucio-de-alquiler-social-por-no-revisar-a-la-baja-la-renta-.html#.Kku800J0G7SJvxM



lunes, 16 de junio de 2014

Primera devolución de vivienda ejecutada

Ordenan la primera devolución de vivienda ejecutada después de la sentencia del caso Aziz

Esta nueva Sentencia, que confirma los postulados de la PAH, abre la puerta para la recuperación de miles de viviendas por todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales.

El 5 de mayo de 2014, el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado nulo un procedimiento de ejecución hipotecaria por haberse realizado al amparo de cláusulas abusivas y ha ordenado a BANKIA la devolución de la vivienda a M.A.G.C. , siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso AZIZ, de 14 de marzo de 2013 (sentencia aquí).
Los fundamentos principales de esta decisión judicial son que aquel procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió que el juez de primera instancia de Gavà valorase las claúsulas abusivas que se han apreciado que efectivamente existían en aquella hipoteca.
En este caso se han considerado abusivas la claúsula de vencimiento anticipado y los intereses de demora.
El Fallo declara nulo el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 811/2011E del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gavà, en el marco de cual se realizó la subasata de la vivienda, la adjudicación al BANKIA y el ulterior desalojo (entrega de llaves), al tener dicha ejecución como fundamento ESENCIAL, PRIMORDIAL una cláusulas que se debieron considerar nulas.
Al haberse ejecutado la hipoteca bajo la legislación anterior sin respetar el derecho de defensa, la entidad financiera debe devolver la vivienda a sus propietarios y reponer todo el procedimiento al momento anterior a la demanda.
Recordamos que la sentencia del TJUE del caso AZIZ del marzo del año pasado declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria español, por no respetar los derechos de los consumidores, en concreto por vulnerar la Directiva 93/13 sobre protección a consumidores.
La sentencia europea, junto con la enorme movilización impulsada desde la PAH (Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social) forzaron al Gobierno a aprobar la Ley 1/2013 sobre protección de deudores hipotecarios.
Sin embargo, desde la PAH ya alertamos de que la Ley apenas daba respuesta al panorama de emergencia habitacional de nuestro país, y además dejaba fuera de protección a centenares de miles de ejecuciones tramitadas bajo la antigua ley declarada ilegal por el tribunal de Luxemburgo.
La Ley 1/2013 ha resultado un absoluto fracaso porque no garantiza el derecho al debido proceso de los deudores hipotecarios, incumple las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos (prohibición de Desalojos Forzosos), y deja en desamparo centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria realizados bajo la legislación anterior. Los recientes datos del Consejo General del Poder Judicial confirman que las ejecuciones hipotecaria no sólo no descienden, sino que han aumentado un 14% en el primer trimestre de 2014.
Los sucesivos gobiernos, desde la promulgación de laDirectiva europea del año 1993 sobre protección a consumidores, han legislado más en defensa de los intereses de las entidades financieras que en cumplimiento de su deber de protección a los ciudadanos, y por lo tanto, su tolerancia – cuándo no complicidad – con los desahucios ilegales, queda ahora en evidencia.
Desde la PAH exigimos la paralización inmediata de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y denunciamos otra vez que las ejecuciones hipotecarias masivas son una violación sistemática de derechos humanos, por la que habrá que pedir responsabilidades a entidades financieras y poderes públicos implicados.
En las próximas semanas anunciaremos iniciativas desde la PAH para extender los efectos de esta sentencia a todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios cometidos con violación de los derechos de las personas afectadas.
Sí Se Puede

martes, 20 de mayo de 2014

Tras la reforma de la Ley hipotecaria del PP, siguen aumentando los desahucios: la PAH exige la aprobación inmediata de la ILP

Aumentan los desahucios: la PAH exige la aprobación inmediata de la ILP

Hace ya más de cinco años que la PAH denuncia el ritmo alarmante de desahucios que se producen en el Estado Español. Tras más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, los últimos datos confirman el fracaso estrepitoso de la ley 1/2013 del PP, aprobada tras rechazar las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, en mayo de 2013. Según datos de la propia banca, sólo en 2013 los bancos se han apropiado de 50.000 viviendas, un 11% más que en 2013. La emergencia habitacional en España es una de las caras mas dramáticas de la crisis: a dia de hoy, el nivel de ejecuciones hipotecarias y desahucios no tiene parangón en Europa. España sigue siendo una anomalía, en la que se ha normalizado la barbarie.
Al drama de los desahucios se suma el escándalo democrático que supone la inexistencia de datos fiables. Los datos sobre desahucios publicados ayer son datos elaborados a través de encuestas a las propias entidades financieras, quienes tienden a minimizar el problema y cuya credibilidad social está bajo mínimos. Resulta vergonzoso que, en un momento de crisis democrática como el actual, en el que hacer frente a la sangría de los desahucios es un clamor popular, los únicos datos disponibles sean los del Poder Judicial (inexactos y genéricos) y los de la propia banca, responsable del desastre y bajo sospecha permanente. Según los datos oficiales, aún no sabemos cuántos menores se ven afectados por estos procesos, ni personas enfermas, ni cuantas personas son realojadas por la administración, ni cuales son las entidades que más desahucian… Los únicos datos existentes sobre estos particulares, los ha recogido la PAH, junto al observatori DESC: Informe de Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias
A pesar de que los datos de la banca siempre tienden a la baja, sus propias estadísticas confirman el nivel de emergencia habitacional. El Banco de España afirma que sólo en 2013 se perdieron cerca de 50.000 viviendas por impago de la hipoteca, de las cuales la inmensa mayoría (39.000) fueron primera vivienda. En este dato alarmante, no obstante, no se contabilizan los desahucios por impago de alquiler, que van en rápido aumento, y afectan a un número cada vez mayor de la población. 39.000 familias perdieron su casa en 2013 por no poder pagar la hipoteca, mientras los bancos siguen siendo rescatados con miles de millones de euros, amparados por una ley criminal que condena a las familias y defiende los privilegios de las entidades financieras.
De las 39.000 de primera vivienda, la mayoría fueron entregas judiciales (21.000). Es decir, desahucios judiciales. Del resto, 13.178 fueron daciones en pago. Muchas de estas daciones se han logrado gracias a la lucha constante de las PAH y, a pesar de ser una victoria de las familias que lo han logrado, si no han ido acompañadas de un alquiler social (y eso los datos del BDE no lo dicen), son también un desahucio, aunque no conste judicialmente. Llamar a la dación en pago, como hace el BDE, “entrega voluntaria” es un eufemismo de mal gusto. Nadie pierde la propia casa de forma “voluntaria”. La dación en pago, siempre lo hemos dicho, es una demanda de mínimos que permite no ser condenado a la muerte civil con una deuda de por vida, pero que implica la pérdida de la vivienda a menos que vaya acompañada de un alquiler social, tal y como propone la ILP de la PAH que recogió cerca de un millón y medio de firmas.
Hablan los datos: la ley 1/2013 del PP es un fracaso estrepitoso. Es una ley criminal, que permite que sigan aumentando los procesos de ejecución hipotecaria y los desahucios, como no podía ser de otra manera con un norma hecha al dictado de los bancos, que sigue violando derechos humanos y excluyendo a las personas más vulnerables. Como dijimos en su momento esta ley no pretendía proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas por una gran mayoría de la población a través de la ILP.
La ILP de la PAH está más viva que nunca, sus medidas son más necesarias que nunca, tal y como demuestran las 214 PAHs que en todo el Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos o aplicando la desobediencia civil. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis.Porque es una cuestión de democracia. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.
La semana en la que el BDE publica sus datos, es también la semana de la recta final de la campaña electoral para las europeas. La PAH también ha entrado en campaña, retomando la campaña de escraches para seguir señalando a los culpables de esta situación de emergencia habitacional y de vulneración sistemática de derechos: la #BancaCriminal y el gobierno del PP, que con su mayoría absoluta ha bloqueado nuestras propuestas de mínimos, condenando a miles de personas a la exlcusión. Por eso, con los escraches silenciosos queremos informar a la ciudadanía que votar al PP es votar No a la ILP, es votar desahucios, es votar rescatar a la banca y no a las personas.
Centramos nuestros escraches en el Partido Popular porque es quien, a día de hoy, sigue bloqueando la ILP con su mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, no olvidamos que el PSOE es igualmente responsable de la mercantilización de la vivienda, de las medidas que incharon la burbuja inmobiliaria. Durante años, PSOE y PP, de la mano como socios, han estafado a la población, han rescatado a la banca, han votado juntos contra la dación en pago en al menos seis ocasiones, han agilizado los desahucios… El 25 de mayo, en las PAH tendremos claro a quien NO votar: ¡ni PSOE ni PP!
Mientras, la sociedad civil organizada seguirá garantizando derechos que el gobierno pisotea, porque ya estamos demostrando que Sí Se Puede, aunque ellos no quieran.

Documentos útiles

Documentos útiles

ÍNDICE

Documentos básicos

Documentos para actuar en caso de desahucio o desalojo

Campaña Obra Social la PAH

Mociones Ayuntamientos

Documentos referentes a la fiscalidad

Clásulas abusivas

Más documentos útiles

En esta página puedes encontrar algunos consejos básicos y documentos que pueden ser útiles en la negociación con el banco o durante un proceso de ejecución hipotecaria. Sólo tienes que rellenarlos con tus datos personales.
Ten en cuenta que si quieres negociar con una entidad financiera es muy importante que quede constancia de todo por escrito, y por lo tanto, debes entregar una copia del documento en cuestión a la entidad y pedir que te sellen otra para ti.
Si tienes documentos que quieras compartir con los demás, porque crees que a otras personas les pueden ser útiles, por favor envíalos a afectadosporlahipoteca@gmail.com y los colgaremos en esta sección!! Se trata de compartir recursos y ayudarnos mutuamente.
Toda la documentación y recursos que ofrece la Plataforma son totalmente gratuitos.
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