KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO Y A ETXEBIDE POR VIOLAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA
BOUCHRA (buen augurio) es una mujer que lleva viviendo en la callePintorería desde hace seis años, con su hijo de siete. El propietario de la vivienda en la que reside en alquiler no quiere prorrogarle el contrato, pero aunque lleva meses buscando no encuentra otra vivienda de alquiler. Bouchra y su hijo tienen una sentencia de la AUDIENCIA PROVINCIALDE ALAVA en la que se condenó a su exmarido a la pena de cárcel por maltrato continuado a ambos, y al alejamiento, y además el maltratador debía pasarle una pensión de 200 euros que nunca ha recibido. Desde entonces, esta enferma y medicada.
Bouchra se ha defendido en los juzgados como ha podido, mediante una abogada de oficio, pero al final le han comunicado que la desahucian el 19/12/2018. Durante este tiempo ha comunicado su situación a Etxebide y al Ayuntamiento, pero la alternativa de este último es que busque una vivienda o una habitación en alquiler. Esta semana, Bouchra ha ido a El Campillo, a pedir una cita urgente con la trabajadora social, porque el desahucio estaba previsto para el dia 19 de diciembre, pero le han dado cita para el 7 de enero, le han dicho que no podían hacer nada, y que el dia del desahucio fuera al servicio de urgencia de la Calle San Antonio y allí le dirían donde podían dormir.
Este comportamiento del ayuntamiento es inaceptable y una violación grave del derecho a la vivienda, que exige que haya una alternativa habitacional previa al desalojo forzoso de cualquier colectivo vulnerable, tal y como recoge el Dictamen de Naciones Unidas de junio 2017. Además,Bouchra cumple los requisitos previstos en la Ley de Vivienda Vasca para tener derecho a una vivienda, pero nunca le han dicho nada.
Desde STOP DESAHUCIOS hemos contactado con su abogada, y conseguido que el juzgado atrase el desahucio hasta el mes de enero, y la hemos ayudado a reclamar a Etxebide por escrito que cumplan las leyes y le asignen una vivienda adecuada.
La ley obliga al Gobierno Vasco y a los Ayuntamientos a disponer de viviendas de emergencia habitacional para estas situaciones, y la ley obliga a los juzgados a detectar la vulnerabilidad cuando hay desahucios, y a solicitar un informe a los servicios sociales antes de desahuciar a nadie.
Os pedimos que extendáis esta denuncia, que refleja, de forma muy concreta, como el derecho a la vivienda no es una prioridad para nuestras administraciones, a pesar del sufrimiento que su actitud provoca. Precisamente el 19STOP DESAHUCIOS EUSKADI nos concentramos en Donostia para denunciar este caso y otros dos mas en similares circunstancias, representativos de otros muchos mas.
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