Por salud pública y responsabilidad política: ¡Acabemos con los desahucios en plena pandemia!
Los más de un millón de desahucios que ha sufrido la sociedad española, desde el inicio de la crisis anterior en 2008, ha sido una vulneración injustificable de un derecho humano y constitucional tan importante como el de la vivienda, soporte de otros derechos fundamentales.
Como puede comprobarse por los datos del CGPJ los desahucios siguen siendo una realidad cuotidiana. Sin embargo, y tal y como indicó Leilani Farha, ex‐relatora de vivienda de la ONU, la vivienda debería ser la primera línea de defensa frente al Covid‐ 19. Parece ser que no es el caso en España.
En tiempos de pandemia se le está pidiendo a la ciudadanía que haga todo tipo de sacrificios y, en aras de la salud pública, se le recortan libertades y capacidad de movimiento; es insistente el requerimiento de quedarse en su casa. Nuestro estado social y de derecho no puede, al mismo tiempo, mirar para otro lado ante la continuidad de los desahucios de un sector importante de la población: la de familias y personas vulnerables, poniendo en riesgo su salud y la de todas.
De hecho, sólo en los días hábiles comprendidos entre el 4 y el 30 de junio (únicos con actividad judicial normal) se ejecutaron en España 1.383 desahucios, de familias en situación de vulnerabilidad previa al virus; el tercer trimestre traerá cifras demoledoras a la vista de las convocatorias diarias para evitar los desahucios por parte de las PAHs y de los numerosos grupos en lucha por la vivienda. Desahucios, incluso de Bankia y de la SAREB, entidades de mayoría de capital público, que debieran por tanto, actuar de forma coherente y comprometida con el artículo 47 de la Constitución.
La PAH y otras entidades sociales indicamos que las medidas iniciales que se aprobaron para paliar los efectos del Covid‐19 en temas de vivienda supusieron un alivio temporal para muchas personas, pero que eran claramente insuficientes porque dejaban sin protección a las familias que ya estaban en vulnerabilidad con anterioridad al estallido de la pandemia, a las que tenían procesos judiciales en curso y a las que se han visto obligadas a vivir en precario debido a la falta clamorosa de un parque público de vivienda, del que sí disponen países de nuestro entorno. Además, la reciente supresión de la moratoria de las hipotecas y de los cortes de suministros, ha agravado más la situación de vulnerabilidad de las familias.
Es por todo lo expresado anteriormente que los grupos parlamentarios abajo firmantes queremos expresar nuestro más absoluto apoyo a la petición de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca y del resto de asociaciones en defensa al derecho a la vivienda,
para la aprobación inmediata de un nuevo decreto que suspenda TODOS los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de la alternativa habitacional, adoptando las compensaciones adecuadas, en el caso que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario. La Moratoria deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda que deberá regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional, dando cumplimiento al art. 47 de la Constitución y a las diferentes medidas que las Naciones Unidas recomienda al estado español para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales subscritos por España en materia de Derechos Humanos.
En consecuencia, nos comprometemos a reclamar del Gobierno la aprobación urgente de un decreto con los contenidos expresados en el párrafo anterior.
No sólo por Justicia Social y en cumplimiento de los Derechos Humanos, ni para dar respuesta a las indicaciones que el reciente informe presentado por Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, ni tan sólo para cumplir con los dictámenes condenatorios a España por vulneración de ese derecho, y con las recomendaciones que ambos contienen, sino también y muy especialmente, por razones de Salud Pública.
Hoy más que nunca hay vidas en juego.
