DECLARACION DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI ANTE LOS DATOS DEL CGPJ SOBRE LANZAMIENTOS Y DESAHUCIOS EN EUSKADI EL 3º TRIMESTRE 2017

LA INSUFICIENCIA DEL PARQUE PUBLICO DE ALQUILERES, LA INDEFENSION ANTE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, Y LA ESPECULACION, ESTAN ALENTANDO UNA NUEVA BURBUJA INMOBILIARIA Y UN AUMENTO EXPLOSIVO DE LOS DESAHUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILERES

Según el Informe del CGPJ: EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA EN LOS ORGANOS JUDICIALES, 214 familias han sido desahuciadas en el tercer trimestre de este año en Euskadi, un 34.6% mas que el mismo trimestre del año anterior. Un 75% por impago de alquileres. En lo que va de año, 877 familias vascas han tenido que abandonar su vivienda. 197 en Araba, 155 en Gipuzkoa, y 525 en Bizkaia. Nuevamente se confirma el incremento explosivo de los desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por impagos de alquiler y rescisión de contratos, debidos al aumento de la especulación, la pobreza y los bajos salarios.

Las viviendas en alquiler de gestión pública, ya escasas, se están reduciendo aún más, debido a propietarios que se marchan del programa BIZIGUNE ( De 5.700 viviendas previstas este año se ha bajado a 4.400). La oferta de viviendas de alquiler privado se esta restringiendo para colectivos vulnerables a quienes se esta rescindiendo contratos de alquiler, o negándoselos porque los arrendadores les discriminan. Los 250 euros de ayuda al alquiler, sustitutivos del derecho a una vivienda previsto en la ley, son insuficientes para poder acceder a una vivienda en alquiler cuya renta media alcanza ya los 900 euros mensuales. La LAU conlleva la indefensión de las personas mas vulnerables.

            LAS DIFICULTADES CRECIENTES PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS DE VIVIENDA Y RECURSOS DE PRIMERA NECESIDAD TIENE UN PRECIO: LOS DESAHUCIOS DIARIOS DE FAMILIAS QUE NO PUEDEN PAGAR EL ALQUILER. Son necesarias medidas contra la especulación, la reforma de la LAU, y sobre todo pasar al alquiler las miles de viviendas vacías propiedad de las administraciones públicas y las de los grandes tenedores de vivienda, especialmente las de los bancos rescatados a fondo perdido con dinero público.