EN RIESGO DE DESAHUCIO HACE ESCASAMENTE UN MES, AMAIA Y PEPE HAN FIRMADO HOY UN CONTRATO DE ALQUILER SOCIAL EN ALOKABIDE

 Hace un mes AMAIA, PEPE, y sus cuatro hijos, ASIER (9), AITOR (7), AMAIA (5) y AILARA (3), tenían una orden judicial para desalojar el que ha sido su domicilio habitual los últimos años en ALEGRIA-DULANTZI. Llevaban más de un año buscando un piso de alquiler pero al tener ingresos procedentes del desempleo nadie les quería hacer contrato. No tenían alternativa habitacional y estaban desesperados. Hoy han firmado un contrato de alquiler social en ALOKABIDE para vivir en el barrio gasteiztarra de ZABALGANA. En este caso, esta familia vulnerable ha conseguido que los SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN FORAL le hayan gestionado una vivienda adecuada y asequible a través del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. El camino mas efectivo para proporcionar una vivienda a quien la necesita, y para combatir la discriminación en el acceso a la vivienda, es incrementar el parque público de vivienda social, y por eso es un crimen que después de 5 años, el Gobierno Vasco, haciendo caso omiso de reiterados llamamiento del Parlamento Vasco, ni siquiera haya aprobado un Reglamento de Vivienda Vacía que permitiría aplicar el canon, expropiación de uso, o alquiler forzoso, previstos en la Ley de Vivienda Vasca. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos de desahucios correspondientes al 4º trimestre de 2020. En el territorio histórico de Álava se ejecutaron 62 desahucios, un 24% mas que el mismo trimestre del año anterior. KALERATZEAK STOP hemos tenido hoy mismo una reunión con Emilio Sola, Diputado Foral de Bienestar Social, y Ana Belén Otero, Directora de Servicios Sociales, y hemos acordado poner en marcha la Moción 31/2015, de 14 de octubre, aprobada por unanimidad por las JUNTAS GENERALES DE ALAVA, y restablecer una interlocución que permita una pronta respuesta a los desahucios. No nos cansaremos de repetir la obligación legal de las administraciones públicas de respetar el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, especialmente la exigencia de que no haya ningún desahucio de personas vulnerables, máxime si hay menores involucrados, sin alternativa habitacional adecuada.

LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ABREN UNA VENTANA DE ESPERANZA PARA CHAYMAE Y SUS TRES HIJOS

 LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ABREN UNA VENTANA DE ESPERANZA PARA CHAYMAE Y SUS TRES HIJOS DESAHUCIADOS EL PASADO LUNES POR CATELLA-VITALQUILER POR UNA DEUDA DE 767 €

En la reunión mantenida por CHAYMAEhoy viernes con los SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en la que ha estado acompañada de su exmarido y padre de sus hijos, dispuesto a apoyarles, se les ha ofrecido tramitar una asignación directa de vivienda ante el DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO y trasladarse hoy mismo de la pensión en la que están ahora a un piso en APARTAMENTOS SAN FERMÍN, pagando una renta equivalente al 30% de los ingresos de CHAYMAE, unos 300 € mes.

Al mismo tiempo, junto a KALERATZEAK STOP, vamos a solicitar una reunión con el ARARTEKO, con el fin de informarle del comportamiento de CATELLA-VITALQUILER en una vivienda de protección oficial, ocultando a CHAYMAE la posibilidad de solicitar una moratoria de su deuda y maniobrando para quedarse con la fianza desorbitada de mas de 4.000 € exigida en 2016 cuando se firmó el contrato, y realizar una queja formal ante el DECANATO DE LOS JUZGADOS por la actuación de la magistrada del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NRO. 4 DE VITORIA-GASTEIZ y el SERVICIÓ DE EJECUCIONES, y también ante el COLEGIO DE ABOGADOS por la actuación del abogado que les ha asistido, que no solicitó correctamente la suspensión del desahucio, que no les avisó de la fecha de desahucio, que les buscó una pensión por una semana para lavarse su conciencia, y que formuló un recurso de apelación que no se admitió porque no cumplió los requisitos legales.

CATELLA-VITALQUILER DESAHUCIA A UNA MUJER CON TRES HIJOS MENORES DE UNA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL POR UNA DEUDA DE 767 EUROS

 Remitimos denuncia pública de este desahucio que se produjo este lunes. CHAYMAE y sus tres hijos están en absoluta precariedad en una pensión y os pedimos que extendais la información. La actuación miserable del FONDO CATELLA-VITALQUILER, que compró el año pasado 500 viviendas de protección oficial con el beneplácito del Gobierno Vasco, con el argumento de que no era un FONDO BUITRE al uso, revela el despropósito de que el GOBIERNO VASCO este permitiendo la venta de PATRIMONIO PÚBLICO a FONDOS BUITRE en lugar de ejercer el DERECHO DE TANTEO previsto en la LEY DE VIVIENDA VASCA para incrementar el parque público de viviendas de alquiler. 

CHAYMAE Y SUS TRES HIJOS MENORES DESAHUCIADOS POR CATELLA-VITALQUILER DE UNA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL POR UNA DEUDA DE 767 EUROS

 

El desahucio este pasado lunes de CHAYMAE y sus tres hijos menores, RAYAN, AARON, y RANYA, de su vivienda habitual en el BULEVARD DE SALBURUA, en el que residían desde 2016, es un drama humano que retrata la sociedad en la que vivimos. CHAYMAE, derrumbada y abatida, apenas tuvo tiempo de recoger lo más imprescindible porque el abogado había traspapelado la notificación y se le había olvidado comunicarle el desahucio. Un conocido llamó a KALERATZEAK STOP para ver que se podía hacer. La policía municipal le dijo a CHAYMAE que mas tarde podría pedir a CATELLA que le permitiera coger todas sus pertenencias pero cuando se presentó en las oficinas de VITALQUILER le dijeron que tendría que poner 1.000 euros si quería recuperar sus cosas, a pesar de que al hacer el contrato les habían obligado a garantizar una fianza de 3.500 euros mas la mensualidad de 570 euros. Ahora le han dicho que le permitirán entrar al domicilio pero que pierde la fianza porque le van a descontar las costas judiciales y otros gastos de la vivienda. Una actuación vergonzosa de CATELLA que aprovechándose del desvalimiento de CHAYMAE no le aplicó la moratoria de alquileres de la ley 11/2020 ni ha tenido el más mínimo escrúpulo en echar a la calle a una familia vulnerable. 

CHAYMAE se separó en 2018 y quedó con sus hijos como única titular de un contrato de alquiler con VITALQUILER. Sus únicos ingresos en ese momento eran la RGI de 860 euros y la pensión de los niños de 200 euros. El FONDO SUECO CATELLA, que el año pasado adquirió 500 viviendas de protección oficial de VITALQUILER, con la autorización del GOBIERNO VASCO, demandó en mayo a CHAYMAE alegando que adeudaba 2.955 euros, aunque en el acto del juicio declaró que la deuda era sólo de 767 euros. La magistrada del JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚMERO 4 decidió en la Sentencia de desahucio 55/2021 que el esfuerzo que había hecho CHAYMAE para pagar su deuda y quedarse en la vivienda acreditaba que no era vulnerable. En el juicio verbal la magistrada se limitó a preguntar a CHAYMAE si era ella la demandada, con una absoluta falta de empatía y de interés sobre su situación. 

La trabajadora social de SALBURUA le informó que al enterarse de que había un desahucio en el barrio llamó al Juzgado y le dijeron que CHAYMAE había renunciado a que se pidiese un informe de vulnerabilidad a los SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO lo cual además de no ser cierto es absurdo. 

La magistrada del Juzgado nro. 4 y el Servicio de Ejecución de los JUZGADOS DE VITORIA-GASTEIZ han vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que prohíbe el desahucio de personas vulnerables sin previa alternativa habitacional, y el derecho de los menores, y vamos a denunciar esta vergonzosa e inhumana actuación en todos los sitios que podamos.

KALERATZEAK STOP exigimos al AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ y al GOBIERNO VASCO que proporcionen una vivienda adecuada con alquiler social a esta familia. Los SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL AYUNTAMIENTO les han dicho que llamaran a APARTAMENTOS SAN FERMÍN, donde el alquiler es de 950 euros, o que miraran en el CAMPING IBAIA, donde hay lista de espera. Dado que estas alternativas no eran viables los Servicios Sociales les han ofrecido seguir en la pensión en la que están que a todas luces es inadecuada.