EN RIESGO DE DESAHUCIO HACE ESCASAMENTE UN MES, AMAIA Y PEPE HAN FIRMADO HOY UN CONTRATO DE ALQUILER SOCIAL EN ALOKABIDE

 Hace un mes AMAIA, PEPE, y sus cuatro hijos, ASIER (9), AITOR (7), AMAIA (5) y AILARA (3), tenían una orden judicial para desalojar el que ha sido su domicilio habitual los últimos años en ALEGRIA-DULANTZI. Llevaban más de un año buscando un piso de alquiler pero al tener ingresos procedentes del desempleo nadie les quería hacer contrato. No tenían alternativa habitacional y estaban desesperados. Hoy han firmado un contrato de alquiler social en ALOKABIDE para vivir en el barrio gasteiztarra de ZABALGANA. En este caso, esta familia vulnerable ha conseguido que los SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN FORAL le hayan gestionado una vivienda adecuada y asequible a través del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. El camino mas efectivo para proporcionar una vivienda a quien la necesita, y para combatir la discriminación en el acceso a la vivienda, es incrementar el parque público de vivienda social, y por eso es un crimen que después de 5 años, el Gobierno Vasco, haciendo caso omiso de reiterados llamamiento del Parlamento Vasco, ni siquiera haya aprobado un Reglamento de Vivienda Vacía que permitiría aplicar el canon, expropiación de uso, o alquiler forzoso, previstos en la Ley de Vivienda Vasca. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos de desahucios correspondientes al 4º trimestre de 2020. En el territorio histórico de Álava se ejecutaron 62 desahucios, un 24% mas que el mismo trimestre del año anterior. KALERATZEAK STOP hemos tenido hoy mismo una reunión con Emilio Sola, Diputado Foral de Bienestar Social, y Ana Belén Otero, Directora de Servicios Sociales, y hemos acordado poner en marcha la Moción 31/2015, de 14 de octubre, aprobada por unanimidad por las JUNTAS GENERALES DE ALAVA, y restablecer una interlocución que permita una pronta respuesta a los desahucios. No nos cansaremos de repetir la obligación legal de las administraciones públicas de respetar el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, especialmente la exigencia de que no haya ningún desahucio de personas vulnerables, máxime si hay menores involucrados, sin alternativa habitacional adecuada.