El próximo viernes, 29 de enero, a las 11 de la mañana, el Juzgado ha comunicado a María Ángeles Gil que procederá al desahucio de su vivienda habitual, la que desde 2005 ocupa en la calle Arriagana de Abetxuko.
ALOKABIDE, después de nueve años, comunicó a María Ángeles, en marzo de 2014, que no la iban a prorrogar el contrato. La razón que dieron fue “continuos y reiterados incumplimientos contractuales (distintos de la estricta obligación de pago) que se desprenden de un INFORME emitido desde el área social de la sociedad pública Alokabide, que hacia aconsejable una no renovación del citado contrato”.
Cuando María Ángeles pidió el INFORME DE ALOKABIDE no se lo dieron, y tuvo que recurrir una y otra vez en base a la Ley de Procedimiento Administrativo, hasta que le permitieron verlo en mayo de 2015. El informe estaba basado en una serie de denuncias anónimas de las que no habían dado conocimiento a María Ángeles por lo que esta no había podido defenderse.
María Ángeles recurrió al Juzgado, contra la no prórroga de su contrato, pero este no quiso entrar a valorar si eran justas o no las razones alegadas por Alokabide, y considero en base a la LAU que ALOKABIDE podía prorrogar o no el contrato sin necesidad de justificar nada.
María Ángeles presentó en Alokabide y en el Gobierno Vasco cuatrocientas firmas de vecinos del barrio apoyándola, y cuando repartió el Informe de Alokabide que sirve de excusa para desahuciarla consiguió más de cuarenta cartas firmadas de vecinos del barrio, y de servicios como correos o limpiadoras, diciendo que el Informe de Alokabide era todo una mentira. Todo ello se presentó en Alokabide, Delegación Territorial de Vivienda, y Gobierno Vasco, sin que hayan contestado nada.
Alokabide y Gobierno Vasco desahucian. Cientos de familias en los dos últimos años. Han incumplido el acuerdo del Parlamento Vasco de 14 de abril de 2014 sobre inquilinos de viviendas gestionadas por Alokabide, y todas sus comparecencias en el parlamento alegando que estaban estudiando la propuesta han resultado ser falsas. Ahora vemos que sus declaraciones de que no desahucian por falta de pago no son ciertas y que el argumento de que desahucian por “problemas de convivencia” descansa en la vulneración más flagrante del derecho de los ciudadanos a la presunción de inocencia y a poder defenderse.
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